Editorial

Pando, desastres y tareas pendientes

miércoles, 25 de febrero de 2015 · 20:20
Este año le tocó a una capital de departamento, Cobija, ser el centro de los mayores daños causados por las temporadas de lluvias en el país.  Los municipios de Cobija, Bolpebra y Porvenir están bajo el agua  (que subió a más de 15 metros de altura) y se calcula que alrededor de 4.000 personas se quedarán sin techo por el desastre.
 El alcalde interino de Cobija, Carmelo Vargas, adelantó que la tendencia es al incremento. De hecho, en los 19 albergues instalados para acoger a las víctimas, ya no hay cabida para más personas y la ayuda humanitaria es escasa. Los habitantes de estos municipios y  otros menos afectados hacen lo que pueden para salvar sus vidas, sus pertenencias y buscar refugios improvisados en algunas zonas.
Además de todo esto, hay problemas de cortes de energía eléctrica, así como de provisión de agua potable; lo mismo en la distribución normal de alimentos.
El alcalde interino mostró su preocupación porque el desborde del río es inusual en esta magnitud. Hace tres años también se produjo un crecida considerable, pero cada vez la frecuencia de los desastres de este tipo es mayor.
 Recordemos que el año pasado el 80% del departamento del Beni sufrió los embates de inundaciones que, también en esa oportunidad, se declararon inusuales. En el Beni, el año pasado, se perdieron hasta 290 mil cabezas de ganado y 20.000 familias resultaron damnificadas: incluyendo las estancias e insumos para la cría de reses  y otros, la pérdida económica superó los 350 millones de dólares.
Aunque en 2014 se discutió cómo la construcción de dos represas brasileñas en el río Madera podrían haber afectado y agravado el impacto de las fuertes lluvias en esa región, muchos expertos concluyeron con que las represas de Jirau y San Antonio tuvieron poca influencia en las áreas afectadas por la inundación; sin embargo, alertaron sobre  la necesidad de repensar el  modelo de hidroeléctricas para la región y lo que se denomina la  seguridad jurídica de la tierra.
En este último punto, los  aspectos fundamentales y que deben orientar una reflexión más allá del asistencialismo y la reacción ante la emergencia del desastres  es la necesidad de hacer  una pausa en la función económica social de la tierra de dos  a cuatro años; revisar la autorización de desmonte hasta un 10% de las áreas que antes no eran permitidas y  la paralización de las multas por las quemas y ampliar la quema controlada hasta 2.000   hectáreas, cuando antes era hasta 500 hectáreas. Todas estas medidas son tanto o más importantes que las acciones que se toman desde Defensa Civil para asistir a las poblaciones afectadas. La magnitud de los cambios climáticos demanda otro tipo de respuestas.

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