Investigación y desarrollo en la administración judicial

Iván Carlos Arandia Ledezma
domingo, 8 de marzo de 2015 · 20:13
Antes del lanzamiento del satélite  Túpac Katari, precisamente en 2010, el hoy extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (predecesor de la Escuela de Jueces del Estado) llevó adelante una experiencia piloto o prospectiva para introducir en los procesos judiciales algunas de las ventajas más básicas emergentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Identificó a la mensajería móvil al teléfono celular o SMS como una de las muchas e interesantes posibilidades para agilizar y transparentar las actuaciones judiciales, proporcionando al litigante información veraz y oportuna, mediante un medio de comunicación instantáneo y a su alcance, utilizando para ello la capacidad tecnológica disponible y por entonces instalada en juzgados.
Con esta medida se tuvo a seis secretarios-actuarios que mantenían informados a los litigantes mediante mensajes instantáneos al teléfono móvil, de manera oportuna y sin un mayor esfuerzo que el de hacer un  click a tiempo de registrar los actuados en el sistema. Así se abría la posibilidad de un control cruzado y, con ello, la agilización del proceso por impulso de los propios actores con reducción de costos para el ciudadano.
Aunque los resultados de esta experiencia de investigación prospectiva no lograron por entonces cuajar una verdadera política de gestión judicial, principalmente por falta de voluntad política,  probó, y con certeza, la eficiencia de la medida propuesta, ensayando su utilidad en un microambiente controlado y sin mayor inversión que un uso optimizado de los recursos tecnológicos, por entonces disponibles.
Hoy,  esos recursos se han multiplicado por los naturales avances en las TIC y porque contamos con un satélite propio, que abre nuevos espacios de modernización y mejoramiento de la administración pública, en general, y del gobierno judicial, en particular.
Esta investigación prospectiva no hubiese sido posible sin un equipo profesional mínimo, con personas altamente capacitadas y una visión de trabajo centrada en la innovación.
¿Qué se extrae de esta experiencia? Primero, que la investigación y el desarrollo no son un gasto suntuario, como comúnmente se cree, sino que  constituye  una inversión que permite lograr resultados concretos, sin grandes costos y mediante un uso creativo de las posibilidades y capacidad tecnológica ya instaladas.
Segundo, que es necesario implementar una cultura de planificación judicial pisando en firme. Esto es partiendo de la realidad del problema u objeto sobre el que se pretende incidir con procesos prospectivos experimentales, proyectos piloto que prueben y validen instrumentos y procedimientos in situ.
Tercero, si hay algo que descolonizar urgentemente es nuestro aparato de generación y gestión de conocimiento, considerando que la solución a los problemas organizacionales requiere de medidas de política pública diseñadas, probadas, testeadas y ajustadas de manera endógena, vinculando los innegables logros de la ciencia occidental con los mecanismos y saberes propios (diálogo de saberes).
Pero también, evitando la aplicación acrítica de medidas prefabricadas generalmente en el extranjero y que, a la larga, provocan más pérdidas que beneficios.
Cuarto, los procesos de crisis y cambio organizacional son permanentes; por ello, las organizaciones públicas deben generar capacidades propias para aprender y reinventarse, adaptándose a las cambiantes necesidades sociales.
Es con este fin que deben fortalecer las unidades de investigación y políticas ya existentes o las que se tenga  que   crear en los organigramas institucionales de las entidades públicas clave, constituyéndolas en verdaderos tanques de pensamiento que promuevan la innovación, la competitividad y la excelencia, conceptos que no tienen por qué estar alejados del pensamiento de la burocracia estatal.
Con mayor urgencia en aquellas instancias que, como el Órgano Judicial, enfrentan procesos de crisis terminal. La experiencia descrita a un inicio demuestra que esto no es sólo posible, sino necesario.
 
Iván Carlos Arandia Ledezma es abogado.

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