Catalejo

¿Somos iguales los bolivianos?

Iván Finot
martes, 21 de abril de 2015 · 20:22
El fundamento de la igualdad es el respeto a los derechos humanos, entre éstos,  los derechos políticos. En esto todos debemos ser iguales y la respuesta a la interrogante es claramente: No.
Recientemente hemos comprobado cómo los tribunales electorales han decidido disponer desigualmente del voto ciudadano. Esto ya ha sido bastante analizado y esperamos una pronta reforma a cargo de expertos independientes que conozcan la realidad nacional.
En esta oportunidad nos referiremos a dos derechos fundamentales en materia de igualdad jurídica: 1) el poder democrático debe distribuirse, en principio, por igual entre todos los ciudadanos; 2) en consecuencia, todos deben tener igual derecho a los bienes públicos. Y bienes públicos no son sólo bienes físicos, sino también, y principalmente, servicios provistos por el Estado.
Desde ya, no todos ejercemos igual poder. Basta observar la composición de las nuevas asambleas departamentales: el voto de los ciudadanos que habitan las zonas rurales tiene mucho más peso que el de los urbanos. ¿Por qué?  Porque la mitad de los asambleístas es elegida bajo el principio "demográfico” o, mejor dicho, de número de ciudadanos votantes, y la otra mitad con criterio estrictamente territorial; es decir, haciendo que los "territorios” estén representados en igualdad de condiciones, con poca o ninguna consideración al número de votantes.
El error aquí consiste en que se da igual preponderancia a la igualdad entre los ciudadanos y a la "igualdad” entre territorios, cuando en democracia debe primar la primera y sólo a partir de esta primacía se debe dar alguna ponderación a lo territorial.
Y en cuanto a lo segundo, que todos tengamos igual derecho a los servicios públicos, la situación es tan desigual que ya linda en lo escandaloso. Y esto porque los recursos de que disponen los gobiernos subnacionales para proveer bienes tan relevantes como infraestructura de transporte y de  seguridad ciudadana, salud y educación, son enormemente desiguales.
Ahora bien, prácticamente todos los gobiernos autónomos municipales dependen de transferencias financieras provenientes del gobierno central, sólo para aquellos que cuentan con mayor población, la recaudación de impuestos y tasas municipales es importante. Y en cuanto a los gobiernos autónomos departamentales, éstos dependen en su totalidad de regalías y transferencias.
La desigualdad se hace evidente cuando se comprueba que, en materia de transferencias, para los municipios de La Paz, en 2012, sólo se presupuestó (en promedio) 146 bolivianos por habitante y para los de Santa Cruz sólo 167 bolivianos. En contraste, para los de Pando ¡1.191 bolivianos!
Y la situación es aún más desigual en el caso de las gobernaciones: según el presupuesto de 2014, a Tarija le correspondieron  5.158 bolivianos por habitante, por regalías y transferencias, mientras que a  Santa Cruz, 424 bolivianos (¡12 veces menos!), y a la de La Paz,  294 bolivianos (18 veces menos).
¿Cuál es la causa de estas enormes desigualdades? Para el caso de las hoy gobernaciones, originalmente fueron las regalías: 11% sobre el valor de la producción, decididas en el gobierno de Busch (1939) a fin de beneficiar al entonces abandonado oriente boliviano. En comparación con otros países, un 11% de regalías regionales es un porcentaje muy elevado para depender de la casualidad de que existan recursos hidrocarburíferos en el respectivo subsuelo.
Actualmente son muy importantes para Tarija, pero ya no para Santa Cruz. Pero en los países descentralizados -como es hoy Bolivia-, para reducir las desigualdades existen las transferencias. La creación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en 1994, tuvo este fin, como lo tuvo, para los municipios, la instauración de la coparticipación municipal sobre el 20% de los impuestos nacionales que se distribuyen según número de habitantes.
Pero esta saludable tendencia redistributiva fue truncada cuando el Congreso de 2005 definió la distribución del importantísimo Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Su injusta distribución es actualmente la causa primordial de las enormes desigualdades observadas, tanto entre gobernaciones como entre municipios. Es un sistema de compensación a la inversa, pues, en vez de reducir, aumenta las desigualdades. Acertadamente no se está permitiendo que esta enorme fuente de desigualdades quede en los estatutos departamentales.

Iván Finot es MSc en Economía, especializado en desarrollo y descentralización.

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