Responsabilidades en las contrataciones estatales

martes, 15 de noviembre de 2016 · 00:00
El tema que ha marcado la agenda mediática en las últimas semanas ha sido el de los procesos de contratación efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el equipamiento de su nuevo edificio próximo a estrenarse.

Al respecto se han dicho muchas cosas, pero el calor del momento y la sed de generar polémica han dejado desapercibidos los aspectos que establece la normativa vigente respecto al procedimiento que debe seguirse en las contrataciones estatales.

Primero, es preciso aclarar que la delegación de funciones es un principio del derecho administrativo y de la administración pública, por medio del cual una autoridad delega funciones (y con ello responsabilidades) con la finalidad de optimizar y agilizar la gestión de la entidad que dirige. Esto suena coherente desde el punto de vista de que no es pertinente concentrar absolutamente todas las funciones (sobre todo administrativas) en una sola persona, unidad, dirección o despacho porque esto generaría una gestión lenta, e ineficiente por la carga generada. En el caso particular de un Ministro de Estado, resulta irrisorio sentenciar que debería ser él mismo quien supervise cada una de las funciones (repito, administrativas) que se cumplen en la entidad que dirige, siendo así, no tendría sentido contar con una unidad administrativa.

Segundo, no es un tema solamente declarativo. Al respecto, el inciso c) del artículo 32) del Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), establece que una de las funciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad Pública es la de designar o delegar mediante resolución expresa para uno o varios procesos de contratación al RPC y al RPA en la modalidad de contratación que corresponda.

Si se continúa revisando dicha norma (disponible en internet) se  encuentra que en el inciso m) del artículo 5, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), el Responsable del Proceso de Contratación en Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) es el servidor público que por delegación de la MAE es responsable por la ejecución del proceso de contratación y los resultados de los procesos de contratación que se realicen bajo esta modalidad. Asimismo, en la modalidad de licitación pública y conforme al inciso ll) del artículo 5 del referido decreto, el Responsable del Proceso de Contratación en Licitación Pública (RPC) es el servidor público que por delegación de la MAE es responsable por la ejecución del proceso de contratación y los resultados de aquellos procesos de contratación que se realicen con licitación pública.

Asimismo, el inciso e) del artículo 10 de las NB-SABS establece que todas las entidades públicas deben elaborar su Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), donde, entre otras cosas, definen los procesos de contratación para cada una de las modalidades establecidas, mismo que debe ser compatibilizado por el órgano rector y aprobado de manera expresa por la entidad. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se encuentra publicado su RE-SABS (compatibilizado y aprobado en junio de 2015), donde se puede evidenciar que los procesos de contratación definidos (y que se aplicaron para la adquisición del mobiliario) se encuentran en estricto cumplimiento de las NB-SABS.

Por tanto, queda claro que en el marco de la normativa vigente es posible delegar las funciones relacionadas al proceso de contratación. Sin embargo, es necesario resaltar que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas no eludió las responsabilidades inherentes a su cargo, pues inmediatamente tomó conocimiento del tema asumió la responsabilidad, pidió disculpas a la población y tomó las medidas administrativas del caso.

En la administración pública es importante diferenciar el alcance de las responsabilidades. La norma es sabia cuando establece que cada funcionario es responsable de lo que hace. Así funcionan las mejores administraciones públicas del mundo y Bolivia no es la excepción.

Pamela Tarifa Zeballos es economista.

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