Agotamiento, ilegitimidad e ilegalidad masista

martes, 27 de diciembre de 2016 · 00:00
La decisión del congreso del MAS de hacer candidato a Evo Morales "por todas las vías posibles” apareja no sólo problemas de orden jurídico-constitucional, sino profundas aristas políticas e institucionales; veamos:

En lo político. La insustituibilidad de  Evo Morales como candidato desnuda luego de una década el agotamiento del proyecto político-estatal que en algún momento representó el MAS y que suponía una visión distinta de país. Ese agotamiento es el resultado de la combinación de extractivismo, autoritarismo, corrupción y despilfarro, que en conjunto ha malversado una excepcional oportunidad histórica. 

El proyecto estatal del MAS se ha reducido a un proyecto de poder de nuevas élites desligadas de su base social y fagocitadas por el Estado, y el poder. Ya como proyecto sólo de poder, el único interés es la continuidad y la reproducción de ese mismo poder, y para ello Evo Morales es realmente insustituible por la jibarización personalista de un proyecto que, sin capacidad de renovarse en su propuesta, también ha sido incapaz de renovarse en sus liderazgos. 

En lo institucional. Volver a insistir en la candidatura de Morales después del referendo del 21 de febrero es atentar contra la institucionalidad democrática que supone estabilidad en las decisiones públicas. El voto popular, la voluntad ciudadana mayoritaria verificada debe producir certidumbres estatales a base de las cuales se desplieguen las acciones gubernamentales y las diversas iniciativas de la sociedad. No se puede ni se debe hacer elecciones, referendos y consultas al soberano ante cada urgencia coyuntural de los gobernantes. Peor, sobre un mismo asunto ya resuelto por una visión seria de institucionalidad y legitimidad, que contiene el principio de preclusión establecido en la Ley 026 de Régimen Electoral: "Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni repetirán” (Art.  2-K).  

Lo contrario, lo resuelto por el MAS en Montero es al menos ilegítimo.

En lo jurídico constitucional: Las otras "dos vías planteadas” por el MAS en Montero son ilegales e inconstitucionales. Si Evo Morales voluntariamente renuncia a la Presidencia seis meses antes asumirá el Vicepresidente y aquel deberá irse a su casa y punto. La CPE define claramente las situaciones de impedimento y ausencia definitiva (Art. 169), de muerte, y renuncia (Art. 170) y de revocatoria de mandato (Art. 171) del primer mandatario y no hay posibilidad de que, luego de una renuncia voluntaria y premeditada, éste pueda habilitarse a una nueva elección.   Si eso fuera posible, bastaría que cualquier autoridad electa renunciara para habilitarse indefinidamente en la reelección de los cargos públicos, eliminando así los límites temporales del ejercicio del poder.  

Tampoco hay posibilidad de "interpretación” de la CPE para hacer prevalecer supuestos derechos ciudadanos por encima de los preceptos de la CPE; eso es lo que determina la CPE: "Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrá conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución (Art. 140-I)”. En la práctica la resolución de Montero está proponiendo que se le otorgue al Presidente  facultades extraordinarias para candidatear cuantas veces quiera o necesite. Tampoco hay derechos constitucionales preferentes frente a otros, todos son iguales, salvo el derecho al agua, que de acuerdo con  la Constitución, es el único derecho "fundamentalísimo” (Art. 373).

¿Qué debemos hacer, la mayoría de los bolivianos frente a estos renovados agotamientos, ilegitimidades e ilegalidades?


Juan Del Granado Cosio es político y abogado.  

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