Desde el mirador

¿Aprenderemos la lección de un grueso fracaso?

lunes, 1 de febrero de 2016 · 00:00
En el reciente informe a la nación que brindó el presidente Evo Morales, durante casi seis horas,  al cumplir el  decenio como primer mandatario, abordó muchos temas y aquí  rescatamos uno para el análisis, por ser álgido y que tendrá una pronta continuidad. Es, en buenas cuentas, uno de los más preocupantes: la justicia. Por estar fresco en la memoria, recordamos también que hace pocos años se llevó a cabo una reforma con gran despliegue publicitario de unas "elecciones inéditas”  para que la ciudadanía elija mediante el voto  a las autoridades judiciales.

 Entonces, con fanfarrias resonantes, los pregones aseguraban que al fin se contaría con un Órgano Judicial idóneo que garantizaría la correcta administración de justicia,  procedimientos alejados de corrupción y  tan eficiente que acabaría con la retardación de justicia.

Se proclamó que tendríamos una justicia ejemplar que, "sin duda, la imitarían países vecinos”.   Pero no, después de mucho tiempo la decepción fue grande y nos convertimos en testigos de la propia frustración del presidente Morales, quien reconoció en ese fresco informe que "la justicia está rezagada y es una realidad en el país como en el exterior”, agregando que por todo eso es urgente una cumbre de justicia.      

Está en la memoria colectiva que una enorme cantidad de dinero   se gastó para la modificación del Órgano Judicial. Sí con unas elecciones de gastos millonarios, los más altos de la historia de Bolivia en elecciones generales, y esta vez  para elegir a 56 máximas autoridades de esa institución  que contemplaba   Tribunal Supremo de Justicia,  Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Judicatura, los mismos que fueron precalificados por el partido de gobierno para la correspondiente votación de 116 candidatos.

Hay un dicho popular que sentenciosamente reza: "obras son amores y no buenas razones” y los resultados de las decantadas correcciones en el Órgano Judicial, mediante el sufragio, al que acudió mucha gente con esperanzas  en que se modificaría  la administración de justicia, comprueba que desde entonces hasta ahora  es un reverendo fracaso.

Es más, se han acrecentado algunos factores negativos como la corrupción. No son pocas las denuncias  que señalan acciones irregulares que  pesan sobre hombres que conforman, en diferentes niveles, las unidades de esa institución. Y para mayor gravedad, en algunos casos están coludidos con otros actores de delitos que forman parte del flagelo mayor que estigmatiza al país entero: el narcotráfico.

Esto último induce a otra reflexión: el "submundo” de la droga se vuelve cada vez más complejo y hasta los expertos están desorientados. Por un lado se dice que el número de consumidores no ha aumentado a lo largo del año que acaba de transcurrir; sin embargo, también los expertos tienden últimamente a dejar de considerar el consumo de drogas en nuestro país como algo aislado, para analizarlo dentro de la problemática general del narcotráfico. 

Por otra parte, según noticias oficiales las cantidades de estupefacientes localizadas e incautadas por los efectivos de control de drogas son enormes, a lo que se  suma la información de que no será fácil disminuir y menos erradicar ese tráfico ominoso,  lo que hace suponer que esa oleada va a anegar la escena boliviana.

Por otro lado, como tiene vigencia la justicia comunitaria, a nombre de la misma se ha dado lugar  a una confusión deplorable, toda vez que algunos grupos decidieron hacer de jueces con sus propias manos. Pero con diferentes hechos nos han mostrado como salvajes esos excesos en que suelen incurrir los "administradores de justicia comunitaria”.

Si bien es cierto que la actual Constitución Política del Estado, en su Artículo 171, consigna  "respeto y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas del territorio nacional” y, en cuanto a instituciones "reconoce a sus autoridades naturales  y a ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias en conformidad a sus costumbres y procedimientos”, también es incuestionable que se debe normar  para que no se la entienda como "una licencia para matar”.

Ahora, cuando comenzamos a transitar un nuevo año, a base de una de las  rotundas conclusiones del informe presidencial,  como uno de los más delicados  problemas del Estado, se ha decidido realizar la Cumbre de la Justicia en la ciudad de Sucre, los días 16 y 17 de abril  próximo.  ¿Y esta vez se encontrará el remedio? ¿Seguimos tanteando el camino?

Mario Castro es periodista.

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