Entre ceja y ceja

Primarias abiertas simultáneas obligatorias

miércoles, 16 de marzo de 2016 · 00:00
Bolivia requiere reconstituir su sistema de partidos políticos para poder gestionar de manera eficaz la democracia pluralista. Es impensable el desarrollo institucional sin la existencia de partidos que logren la intermediación entre la ciudadanía y el Estado de manera legítima. Sin esos actores, que tienen como función la conciliación indispensable entre la libertad de los ciudadanos y las necesidades del poder público, no se puede construir una sociedad moderna.

Durante la última década, la sociedad boliviana está intentando salir de su crisis de Estado. Para ello ha realizado esfuerzos muy fatigosos, como el de la realización de una Asamblea Constituyente y varios procesos electorales, que pretenden una reconfiguración de la correlación de fuerzas, pero no ha empezado por donde debiera, que es la promoción del resurgimiento de un nuevo sistema de partidos políticos que responda a la realidad plural y abigarrada de la sociedad.
 
Está en primera línea, entre las urgencias que debe enfrentar la actual legislatura, la elaboración y sanción de una nueva ley de organizaciones políticas que actualice las parcialmente vigentes Ley de Partidos Políticos y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. 
 
En esa nueva ley de organizaciones políticas, que debe aprobarse sin demora para enfrentar con tiempo los futuros procesos electorales de 2019 y 2020, hay muchos temas que deben resolverse y ponerse al día. Por ejemplo, se debe discutir si se subirán o bajarán las barreras electorales de entrada y salida, ya que actualmente una organización debe acreditar al 2% del total de votos válidos en la última elección para poder solicitar su personería y, de igual manera, se cancela la personería si no obtiene al menos el 3% de votos válidos en la última elección en la que participe.
 
Otros temas importantes son las diferencias entre un partido político, una agrupación ciudadana y una organización de una nación o pueblo indígena originario campesino, el financiamiento estatal o no a las organizaciones políticas y la definición precisa de las limitaciones a la propaganda electoral (incluida la polémica propuesta de regulación de las redes sociales) y el acceso igualitario a los medios de comunicación.
 
Pero, además de todo aquello, hay un asunto cardinal que debe ser discutido con prioridad: el tema de la democracia interna de las organizaciones políticas. No pueden las organizaciones políticas ser los canales de la representación ciudadana democrática si no predican con el ejemplo. Ya no podemos continuar con organizaciones políticas que no cumplan estrictamente una regulación que garantice el ejercicio real de la democracia interna.
 
Al respecto, un mecanismo que se ha probado muy eficaz para el logro de este objetivo es la incorporación, en la legislación sobre las organizaciones políticas, de la designación de los candidatos a puestos de elección popular mediante el mecanismo de las primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO).
 
Las PASO implican unas elecciones previas a la elección general (unos seis meses antes) y son primarias porque en lugar de definirse cargos, primero se determinan las candidaturas oficiales. Son abiertas porque todos los ciudadanos participan en la selección de candidatos, estén o no afiliados en algún partido político. Son simultáneas ya que todos los precandidatos, de las diferentes organizaciones políticas para las distintas posiciones, dirimen su postulación para la elección general en simultáneo la misma fecha y en el mismo acto eleccionario. Son obligatorias para todos los ciudadanos y para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones, aun para aquellos que presenten una única lista de precandidatos. 
 
Las PASO, bien planificadas, prolijamente incorporadas en la ley de organizaciones políticas y aplicadas con decisión democrática, pueden resultar la herramienta para desencadenar la revolución ciudadana que necesitamos para renovar y legitimar nuestro sistema político.

Ricardo Paz Ballivián es presidente ejecutivo del Centro Boliviano de Gerencia. 

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