Catalejo

Los costos de la corrupción

sábado, 16 de abril de 2016 · 00:00
Los hallazgos en el bufete Mossak Fonseca han puesto en evidencia el lado oscuro de la economía mundial: miles y miles de empresas fantasma cuyo objetivo es que traficantes de personas, drogas, armas o influencias puedan ocultar el dinero mal habido o, en el menos malo de los casos, que empresarios y otros adinerados puedan evadir o eludir los impuestos que deben pagar a los países o estados donde se generan sus ganancias. ¡Y Mossak Fonseca no está entre los principales bufetes que se dedican a este negocio! – Según nos informa Bonadona (Página Siete, 9 de abril) el dinero así ocultado representa hasta el 10% del PIB mundial.

Detengámonos en el caso de la compra de influencias, es decir, sobornos a gobernantes a fin de lograr beneficios que de otra manera no lograrían. Los numerosos casos que se vienen descubriendo, desde Guatemala hasta Brasil, pasando por el menos corrupto Chile, nos demuestran que la política en nuestros países tradicionalmente se ha financiado con corrupción.

Bolivia no es la excepción: en la dictadura de Banzer (1971 – 1978) los empresarios debían presupuestar "coimisiones” para obtener contratos, mismas que en el Acuerdo Patriótico MIR-ADN (1989-1993) alcanzaban al 15% del valor de los contratos: 5% para cada partido integrante del frente gobernante y 5% para el funcionario que decidía. Esto para el caso de licitaciones: obviamente el premio era mayor en caso de adjudicaciones directas. No hay motivo para creer que esto haya cambiado ahora que el capitalismo de Estado es nuevamente dominante.

 La corrupción es éticamente repugnante pero además implica un altísimo costo económico y social. Veamos: todo empieza con la selección del proyecto. ¿Con qué criterio? – Es posible que esté dentro la estrategia de desarrollo del gobierno en funciones pero también que responda a la súbita inspiración de un gobernante. O que algunos proyectos sean escogidos por el proveedor, sobre todo cuando hay créditos de países "amigos”.

En todo caso lo decisivo sería que antes de decidir su ejecución se hiciera una evaluación que permitiera calcular la tasa de beneficio/costo social y se demostrara que el proyecto en cuestión es el mejor en comparación con otros alternativos. ¿Para cuántos de los proyectos adjudicados se hizo previamente esta evaluación? No se sabe que el Ministerio de Planificación ofrezca a los otros ministerios precios sociales para que la hagan.

Pero incluso si se hiciera una previa evaluación social de proyectos, una segunda condición, ineludible, sería que la contratación se realizara a través de licitaciones abiertas, a fin de escoger la mejor opción. Obviamente si se hace invitaciones directas a empresas "amigas” o peor, si se asigna directamente, el riesgo de corrupción es mucho mayor. Y según Diego Ayo (Página Siete 21 de febrero) actualmente sólo el 1.3% de la inversión pública se asigna con licitación.

 Es posible que nuestros máximos gobernantes actuales no reciban dinero por estas decisiones, aún creo que –como dijo el presidente Morales hace algunos años- a ellos lo que les interesa no es acumular dinero sino "apoyo”. Pero ¿y los técnicos que recomiendan una contratación? – ¡Pensemos que las "coimisiones” son porcentajes sobre el total de los proyectos!

Los perjuicios económicos de la corrupción son enormes: en primer lugar, al no seleccionar los proyectos que realmente necesita el país; en segundo, por las presuntas "coimisiones” con que regularmente las empresas recompensan a quienes las escogen. ¿Quién paga la corrupción? – Por supuesto el pueblo, con sus impuestos, cuando estos créditos "amigos” son cobrados. Recordemos, por ejemplo que la corrupción durante la dictadura de Banzer fue pagada después con hiperinflación, el peor de los impuestos.

Y el riesgo de corrupción es aún mayor cuando no se selecciona a los mejores ni se garantiza estabilidad y carrera funcionaria a los que cumplen funciones públicas. Los funcionarios seleccionados "políticamente” aprovechan el corto tiempo que estarán en funciones para su beneficio y el de aquellos que los nombraron. En ese sentido la decisión presidencial de expulsar del servicio público a los que presumiblemente hubieran votado por el No apunta directamente a aumentar el riesgo de corrupción. Y cuando se descubre que un gobernante fue corrupto muere políticamente. Véase si no el caso de las elecciones en Perú.


Iván Finot es MSc en Economía, experto en Descentralización y Desarrollo.

Confidencial

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