Defensor del Pueblo

viernes, 22 de abril de 2016 · 00:00
La esencia del concepto de Defensor del Pueblo tiene ya más de dos siglos. Nació en 1809, en Suecia, como ombudsman, término que en castellano significa portavoz de quejas. Como tal, debía recoger los reclamos de la población frente a los abusos de poder y transmitírselas al rey para que sean corregidos.
 
En Bolivia no nació de la iniciativa de ningún partido político, sino del esfuerzo plural de la sociedad civil y de los defensores de la democracia. En 1988, un grupo de intelectuales, académicos, dirigentes de la COB y personalidades destacadas  conformaron el Capítulo Boliviano del Ombudsman y eligieron como presidenta a la señora Rosario Chacón. Su inmediato colaborador fue Iván Zegada, quien actuó como secretario general. La señora Chacón fue elegida secretaria general de la Asociación Latinoamericana del Ombudsman y se vinculó con instituciones ya consolidadas en Europa. Con ese respaldo organizó seminarios, talleres e, incluso, promocionó el tema en otros países, como en Paraguay, que inició el mismo proceso. 
 
En mi calidad de senador de la República participé en  seminarios con parlamentarios bolivianos, latinoamericanos y europeos, que sirvieron para sentar las bases de la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La ley de su creación fue aprobada en 1997. 
 
El 26 de marzo de 1998, en un nuevo gobierno del general Banzer, el Congreso Nacional elige como Defensora del Pueblo a Ana María Romero de Campero. No se reconoció la eficaz labor de la señora Chacón, pero el prestigio intelectual de la brillante periodista disimuló lo que constituyó una clara ingratitud.
 
La primera Defensora del Pueblo terminó su gestión en el 2003 y dejó en su lugar a su inmediata colaboradora Carmen Beatriz Ruiz, quien tuvo que ejercer el cargo por nueve meses, más de lo previsto, porque el Parlamento, agitado por agudos problemas, no podía acordar la elección de un nuevo defensor o defensora del pueblo. 
 
En un ambiente de turbulencia, en octubre del 2003, fue elegido Iván Zegada, pero el obligado cambio de gobierno y la agitación política lo llevó a renunciar a los pocos días de ser electo.
 
El 11 de diciembre, el Congreso Nacional eligió como nuevo defensor al abogado Waldo Albarracín. Al término de su mandato el 2010, la Asamblea Plurinacional elige al actual defensor, Rolando Villena, teólogo  y obispo de la Iglesia Metodista en Bolivia. Ambos fueron, en épocas distintas, presidentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y contribuyeron al robustecimiento de la institución y, sobre todo, a la consolidación de su prestigio. 
 
La Defensoría del Pueblo es de las pocas instituciones que desde su creación se ha mantenido al margen de la politiquería barata y ha sabido defender con energía y autoridad legítima la ética, la moral y particularmente los intereses de los más necesitados. 
 
Con la debida inteligencia, voluntad y sobre todo honestidad y honradez a toda prueba, sus dirigentes pudieron mantener la imagen de una de las pocas instituciones limpias del país.
 
La próxima elección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo debería tomar en cuenta la trascendencia de la institución. Ésta no se constituye para luchar contra  un gobierno, pero es  fundamental que no se someta a  ninguno.
 
Lord Acton, historiador inglés del siglo XIX decía: "Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad: más aún cuando sancionas la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad”. 
 
El Defensor del Pueblo no puede ser parte del ejercicio del poder porque la esencia de su función obliga a que sea una persona libre e independiente. El Gobierno ganaría más con un Defensor del Pueblo independiente que con otro servil, obediente y acrítico.
 
Un buen crítico honesto vale más que diez adulones. El primero alerta ante cualquier desvío, error o abuso, evitando así el conflicto; mientras que el llunku, o adulador,  al ocultar los defectos y minimizar los desaciertos contribuye a su acumulación hasta que estallan en conflictos o en severas crisis políticas, como las de Venezuela, Argentina o Brasil.  

Javier Torres Goitia T. fue ministro de Salud.

Confidencial

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