Desde el mirador

Enorme deuda material y ética de Chile

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lunes, 25 de abril de 2016 · 00:00
Es tan claro como  las aguas del Silala. Consta legalmente que esas aguas están en vertientes ubicadas en el cantón Quetena, de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. No se trata de un "río internacional”, como quieren  hacer aparecer en el falso  argumento chileno.  No son aguas que discurren en un curso natural, sino que provienen de bofedales pertenecientes a nuestro patrimonio natural. 

Una de las pruebas contundentes es la escritura (testimonio  48/1908) de concesión y  adjudicación  del uso  de las aguas suscrita entre la Prefectura de Potosí y la Compañía The Antofagasta,  Chile & Bolivia Raylway Company Lttd, (FCAB) para el abastecimiento de las máquinas del ferrocarril y que fueron canalizadas por compañías del país transandino sin ninguna autorización. Concesión que, además, fue cancelada formalmente en 1997.   
 
La indignación y el reclamo no son de ahora. Hace más de tres décadas se ha denunciado el uso arbitrario de las aguas del Silala por parte de empresas chilenas y el problema no se ha reducido al impasse empresarial con bienes del Estado boliviano, también se ha hecho cuestión del Estado chileno,   desde la construcción del ferrocarril Antofagasta Bolivia.
 
Ahora la determinación de dilucidar el problema de las aguas del Silala en un máximo tribunal internacional, apoyada en las esferas sociales y políticas nacionales,  ha provocado curiosas reacciones  de representantes oficiales del Gobierno chileno,  como las declaraciones poco serias en relación con este asunto.  José Miguel Insulza  dijo que "es una maniobra política” de los bolivianos, el canciller Heraldo Muñoz señaló que "se prepararán  para una contrademanda por sus derechos”.   
 
Con una argucia -no extraña para nosotros por las falacias que les conocemos- Chile sostiene que son aguas internacionales. Varios han sido los cancilleres de la República que han formado comisiones para que este reclamo tenga la respuesta debida. No sirvieron las verificaciones que demostraron que esas aguas son parte de la riqueza hídrica boliviana.
 
El Comité Cívico de Potosí, por su parte, en reiteradas ocasiones ha   demandado el resarcimiento del usufructo que hacen con la construcción de un canal artificial por el que se da curso a las aguas del Silala. La empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia,  subsidiaria del conglomerado Quiñenco, de la familia Luksic, comercializa las aguas del Silala con especulación, según información de la propia prensa chilena. 
 
Ya en 2006, el periódico Mercurio de Antofagasta publicó que esa firma es la encargada de la venta del agua en las poblaciones de Calama, Sierra Gorda, Vaquedano, María Magdalena, Tocopilla, Antofagasta y los centros mineros de El Abra, señalando que el agua que reciben en sus hogares tiene precios altos. En tanto aquí, donde se generan estas aguas, no se percibe ni un centavo.
 
En algún acercamiento, que no data de mucho tiempo, se hizo conocer públicamente que habría una predisposición de quienes aprovechan ilegalmente esos recursos para pagar un 50% de la cuantiosa deuda, pero se desvaneció la intención y el compromiso se esfumó.
 
Lo curioso es que hace poco -dentro de la famosa "agenda bilateral de los 13 puntos”, con la que se disfrazaba la aproximación de Chile hacia Bolivia y sutilmente se soslayaba el   problema fundamental del encierro marítimo a nuestro país- el Gobierno chileno en otro embrollo planteó  realizar un "programa de estudios técnicos del  Silala” , que sería ejecutado por lo menos en cinco años tratando de embaucar a quienes representan los intereses bolivianos,  para "una solución definitiva” al diferendo que ambas naciones mantienen sobre la naturaleza, el aprovechamiento y la compensación de estos recursos hídricos.
 
Es difícil entender que se acuerde estudiar el problema si todo estaba claro. Llega a ser un  embuste toda vez que citan que "se analizará  caudales, precipitaciones, temperatura del aire, velocidades del viento, radiación solar y humedad”. Su paraguas es el acta de consultas que diplomáticos de Bolivia y Chile suscribieron en la Cuarta Reunión del grupo de trabajo sobre el Silala, que se realizó en Santa Cruz,  el 14 de noviembre de 2008. 

Sin embargo, como es inadmisible que Potosí espere indefinidamente una respuesta  justa  a su reclamo, que es de todos los bolivianos, el Gobierno  nacional decidió apelar al Tribunal  Internacional de Justicia de La Haya, donde también se ventila la reivindicación marítima de nuestro país.

Mario Castro es periodista.

Confidencial

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