Surazo

Nolala

jueves, 07 de abril de 2016 · 00:00
A los potosinos nos importa poco que el tema de las aguas del Silala haya sido reflotado con el fin de distraer la atención de la gente sobre el bullado caso Zapata.

El primer antecedente conocido sobre un reclamo público por el uso ilegal de esas aguas por parte de Chile es de la década del 60 y se publicó en El Diario de La Paz.
 
El reclamo quedó en la publicación periodística porque el país atravesaba un momento de convulsión política, que luego fue deglutido por el periodo de las dictaduras militares.
 
Ya en los 80, el tema fue nuevamente asumido por El Diario a causa de la denuncia de un hombre, Milton Lérida, que por entonces era un líder emergente del sudoeste potosino. Una vez más, el reclamo quedó en el papel periódico porque el gobierno de entonces, el de Jaime Paz Zamora, tampoco le dio mucha importancia.
 
Fue necesario que El Diario, del que yo era su corresponsal en aquellos años, insistiera con el tema para que por fin, ya en el gobierno de Sánchez de Lozada, se organice una primera caravana hacia el Silala, en la que participó el entonces canciller Antonio Araníbar. 
 
Previamente se debió soportar que el tema sea motivo de burla, hasta por parte de las autoridades potosinas. Recordaré siempre que el ahora fallecido prefecto de Potosí Yerko Kukoc se burló de El Diario en una reunión informal, en la que yo estaba presente, y hasta hizo el jueguito de palabras de "Silala” y "Nolala”.
 
Pero, burlas aparte, el resultado de la presión mediática fue que el tema se hizo temporalmente nacional y otro prefecto de Potosí del MNR, Omar Manzano, dio el paso legal que hacía falta: anuló la concesión que se otorgó en 1908 autorizando el uso de las aguas para el funcionamiento del ferrocarril. 
 
Publico estos apuntes porque noté que no fueron mencionados en las argumentaciones que serían la base para la demanda que Bolivia presentaría a la Corte Internacional de Justicia por el uso ilegal de las aguas del Silala.
 
Y la verdad es que este tema no es nada complicado. Las aguas son subterráneas, surgen de bofedales que están enteramente en territorio boliviano y, por gravedad, se dirigen hacia Chile. Si Bolivia quiere, puede desviar su curso. El primer agravante para Chile es que, sin autorización alguna, construyó un canal artificial que lleva las aguas hasta plantas que las venden a poblaciones y empresas del norte de ese país. 
 
Es, literalmente, un robo, un robo agravado por el hecho de que el bien robado es revendido a buen precio. La empresa que se adjudicó la concesión en 1908 fue la Antofagasta (Chili) & Bolivian Railway Company, que en la década del 80 pasó a manos de Antofagasta Plc, una empresa del poderoso grupo Luksic, que pertenece, irónicamente, a los descendientes chilenos de Eduardo Abaroa. Esa era la empresa que negociaba las aguas del
Silala cuando se anuló la concesión, convirtiendo su uso en un robo que se extiende hasta nuestros días.
 
Pese a la sencillez del tema, éste volvió a las carpetas y el país se olvidó de ese latrocinio. En Potosí lo mantuvieron vigente su comité cívico y el diario El Potosí, que me honro en dirigir. 
 
Por eso que el Gobierno haya reflotado el tema, por uno y otro motivo, es irrelevante. Lo que realmente nos importa a los potosinos es que las aguas del Silala están otra vez presentes en la agenda nacional. Ojalá que esta vez se haga justicia, que se interrumpa de una vez el robo diario de esos recursos hídricos y se le pague a Bolivia lo que se le debe por su uso y comercialización ilegal.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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