La abogacía es para juzgar delincuentes...

martes, 24 de mayo de 2016 · 00:00
"La abogacía es para juzgar delincuentes, no para ser defensores”, éste el equivocado criterio del Presidente, generalizando y queriendo menospreciar la labor de los abogados, muchos que en la profesión libre deambulan por fiscalías, juzgados y tribunales pretendiendo hacer prevalecer derechos y buscando una justicia realmente justa. Siendo que la práctica de la abogacía penal es una actividad primordial para la defensa de un Estado de derecho, donde se defiende al justiciable que se ve enfrentado al Ius puniendi sancionador del Estado, representado por el Ministerio Publico.

La expresión "abogar” se asocia a la idea de un juicio, significa defender a alguien. Se puede abogar sin estar en un proceso judicial, el concepto es profundamente social. La abogacía es una noble profesión de fuerte sentido académico, alto contenido social e indisolublemente comprometida con la democracia constitucional y fiel representante de un sistema democrático de derecho.
 
La potestad de "juzgar” e impartir justicia emana del pueblo boliviano, se sustenta bajo los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, entre otros, a través de la función judicial de los tribunales y juzgados, tal y, como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) (Art. 178 y sgtes.).
 
Por lo que los abogados en ejercicio no tenemos la facultad ni potestad de juzgar, pero sí podemos asumir defensa en materia penal de cualquier justiciable ante la desigualdad del poder sancionador del Estado, todo lo contrario esgrimido por el presidente Morales.
 
Los abogados en materia penal somos defensores del derecho ante el Estado, por lo que no se puede menospreciar, restringir, obstaculizar, perseguir, encarcelar; esto atenta contra la libertad de trabajo (Art. 9 num. 5 CPE). La Declaración Universal de las Naciones Unidas, conocida como los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, indica en su Art. 18:  "los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones” y el Código de Ética para el ejercicio de la Abogacía aclara que "el abogado tiene derecho a la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional” (Art.7). Por lo tanto, el abogado es inviolable por los alegatos que pueda emitir en defensa del justiciable.
 
El querer perseguir y criminalizar a abogados que asistan a "presuntos” delincuentes atenta contra el libre desempeño de la abogacía penal y es un parámetro que infiere que el Gobierno se está apartando del Estado de derecho, definido como un sistema de gobierno democrático, organizado y estructurado a través de los órganos Legislativo, Judicial, Ejecutivo y Electoral, fundados en la independencia y separación de poderes (Arts. 12 y 13 CPE), migrando poco a poco hacia un sistema anárquico autocrático, dictatorial. Por lo que al no existir un pleno Estado de derecho ya de por sí se desvanece el rol del abogado defensor en su profundo sentido constitucional. 
 
La actitud del Presidente condice con una mirada totalitaria de la abogacía, del periodismo y de la sociedad. Es una expresión entre muchas otras de intolerancia, desapego democrático, menosprecio por el derecho y por las mismas instituciones judiciales a las que se ha despojado del principio de independencia. Rememora tiempos de dictaduras, cuando quien pensaba diferente "debía andar con el testamento bajo el brazo”.
 
Es evidente ver el manoseo de la justicia en el injusto procesamiento al abogado Eduardo León y otros colegas, ahora perseguidos, carente de toda imparcialidad y en clara manipulación del Gobierno.
 
Debe rechazarse y denunciar a foros internacionales toda inhibición que se pretenda efectuar al sagrado derecho del debido proceso, la presunción de inocencia y al libre y correcto ejercicio de la defensa penal, pues el abogado se halla plenamente justificado conforme a derecho por desempeñarse bajo el amparo del cumplimiento de la ley, por lo que no se justifica la violación al debido proceso ante la ausencia de antijuridicidad de la conducta del abogado Eduardo León. Nuestro apoyo al colega y que la justicia obre conforme el Art. 179 de la CPE: con independencia e imparcialidad. 

José M. Droguett es abogado, administrador de empresa y magíster en administración pública.

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