¿Un extra órgano para la transparencia judicial?

miércoles, 25 de mayo de 2016 · 06:48

Se ha iniciado un proceso de diálogo previo a la Cumbre Judicial a fin de recibir propuestas para enfrentar la situación de crisis que vive la justicia en Bolivia. Una de ellas planteó una "reestructuración total” del sistema judicial y la creación de un "extra órgano” encargado de administrar los recursos económicos y de fiscalizar el trabajo de la judicatura.

La propuesta apunta a la cuestión del gobierno judicial. En esta materia el país ha ensayado diversos modelos. Primero una Corte Suprema de Justicia que concentraba las labores jurisdiccionales y administrativas. Luego –con las reformas constitucionales de 1994– se crea el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo y disciplinario, conducido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrado por cuatro miembros designados con el voto de dos tercios del Congreso Nacional. Posteriormente, con la "nueva” Constitución de 2009, cambia de nombre por el de Consejo de la Magistratura, integrada por cinco consejeros electos por voto popular, previa selección de la Asamblea Legislativa, responsable del régimen disciplinario, la carrera judicial, el control y fiscalización de los recursos, devolviendo sus competencias administrativas y financieras al ahora Tribunal Supremo de Justicia.

Entonces nos cabe preguntarnos, ¿los problemas de la gestión judicial son cuestión de ubicación en la arquitectura constitucional? O, más bien, ¿de cuán efectivamente autónoma es esa instancia para cumplir las funciones de control? ¿No será que el "extra órgano” propuesto será una reproducción de Consejo de la Magistratura, pero bajo otro nombre? ¿Cuál será su composición?

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al referirse a las garantías de independencia judicial que se deben observar, ha dejado sentado que: … es recomendable que los Estados propicien la creación de un órgano independiente encargado del Gobierno y administración judicial, incluyendo la selección y nombramiento de sus funcionarios, así como el régimen disciplinario, el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como garantía de independencia respecto de esos poderes. En cuanto la composición de dicho órgano, la CIDH considera que es favorable que tenga una composición "genuinamente plural”, con una presencia equilibrada de legisladores, abogados, académicos y otros interesados, recomendando que parte de sus miembros deben provenir de la propia judicatura, con miras a evitar interferencias externas de carácter político o de otra índole, ya que si está integrado sólo por representantes políticos existe el riesgo de que su independencia sea meramente formal, subordinándose a los otros poderes.

En el mismo sentido, la Carta Magna de los Jueces Europeos dispone: "Para garantizar la independencia de los jueces, cada Estado debe crear un Consejo de la Justicia u otro órgano específico, que sea independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, provisto de las más amplias competencias para decidir sobre todas las cuestiones que afecten al estatuto de los jueces, así como a la organización al funcionamiento de las instituciones judiciales. El Consejo debe estar compuesto bien en exclusiva por jueces, o, en su caso, por una mayoría sustancial de jueces elegidos por ellos mismos. El Consejo de la Justicia tiene que rendir cuentas de sus actividades y de sus decisiones”.

Recientemente, a partir de la experiencia internacional comparada, se han adoptado los Principios de Ciudad del Cabo que remarcan la necesidad de instancias independientes para el gobierno judicial, integradas por miembros provenientes tanto del Poder Judicial como de otros ámbitos institucionales, profesionales y legos, evitando un predominio injustificado del Poder Ejecutivo, de miembros del Parlamento o de representantes de partidos políticos, sugiriendo que preferentemente deberá existir una adecuada diversidad en términos de raza, género, antecedentes profesionales y experiencia de vida.

Así como el modelo de gobierno judicial en manos exclusivamente de los jueces puede desviarse en prácticas clientelares de corporativismo o endogamia institucional, el modelo basado en instancias, compuestas a partir de procedimientos políticos, muestra ser más débil ante la influencia del poder. En ese sentido, la composición de tal órgano, independientemente de su ubicación constitucional, para que sea una entidad verdaderamente autónoma debe asegurar una composición equilibrada de diversos intereses y actores, como son los propios jueces, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil, seleccionados dentro un proceso basado en el mérito profesional, transparente y abierto al escrutinio público.

Ramiro Orías A. es abogado, Magíster en Estudios Internacionales, especialista en Derechos Humanos.

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