Desde el mirador

Agresiones que lastiman la democracia

lunes, 9 de mayo de 2016 · 00:00
La libertad de expresión y de información se ha relegado muchas veces a una abstracción cuando regímenes autocráticos han conculcado esos derechos y,  deplorablemente, en algunas épocas de "democracia despótica” también se ha atentado contra esos aspectos que hacen a un Estado de derecho.   

Esos derechos inherentes a todos los seres humanos se constituyen en la esencia de la comunicación  y cada uno de sus destinatarios es, en efecto, una célula de ese cuerpo social donde se desarrolla la opinión pública, fenómeno al que también aporta el periodismo.

¡Cuán importante la responsabilidad de quienes  ejercen la tarea periodística y cuán importante el respeto a esos derechos por parte de los administradores eventuales del Estado!

Sin embargo, desde hace años, y con mayor acento en el último tiempo, se atenta contra la libertad de prensa y, consecuentemente, afectan igualmente a las libertades de expresión y de información. Recién, la Asociación de Periodistas       de La Paz (APLP)  ha dado a conocer que "denuncia una vez más a la opinión pública nacional e internacional el agravamiento de las agresiones contra los periodistas por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ”. 

En esta ocasión, los agentes de inteligencia del régimen intentaron impedir la cobertura de la represión policial contra personas con discapacidades, algunos en estado muy delicado de salud.

El corresponsal del periódico El Deber -que se edita en Santa Cruz de la Sierra- Jesús Alanoca fue detenido por una hora el miércoles 27 pasado, cuando tomaba imágenes de la gasificación de personas en sillas de ruedas, sus familiares, menores con problemas mentales, mujeres que ayudan a sus hijos con diferentes discapacidades. La Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, bajo las órdenes de Carlos Romero Bonifaz, quiso obligar a Alanoca a borrar las pruebas que tenía de la represión.

A esos hechos se sumó que, a los dos días, 29 de abril,  la APLP ha dado la información de que el fotoperiodista Álvaro Valero, del periódico Página Siete, fue agredido innecesariamente por un funcionario público, que lo maltrató físicamente cuando realizaba la cobertura del conflicto que continuaba con  personas discapacitadas.

Aquí se olvidó que este trabajo debería estar garantizado, según manda la Constitución Política del Estado Plurinacional y la normativa vigente.

Algunos ministros del Estado competentes en estos casos se limitaron a decir que "en la protesta habían infiltrados políticos” y que " la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones ( ATT) vería el asunto y determinaría las sanciones”. Es pertinente señalar que la Ley de Telecomunicaciones se refiere estrictamente a regulación técnica para  medios audiovisuales y cualquier intervención al contenido informativo de esos medios, como de los escritos, sería una arbitrariedad.

Estas expresiones  implican, en lo menos, dos ligerezas: una, que son precipitadas  por no mostrar pruebas; dos, que se sindica  a hombres y mujeres que se desempeñan en esta actividad con una inadecuada calificación. Lo deplorable es que desde hace tiempo se anatematiza a este sector y  corresponde  puntualizar que es imperativo no alterar los procedimientos capaces del legítimo empleo del periodismo, particularmente si se pregona estar lejos de gobiernos que "fabrican” disposiciones  de acuerdo a su interés y las utilizan para acciones represivas contra los hombres y mujeres que también tienen el derecho a ser sus críticos.
  Si en el más encumbrado nivel se hace un juicio de valor de esa índole se corre el riesgo de que se institucionalice una sistemática acusación, por parte de funcionarios de distinta categoría para tratar de evitar que se saque a la luz algún mal manejo de la cosa pública,  y que desconozcan que los periodistas tienen, como parte de su trabajo, esa facultad  y derecho.

La estimación coincide con el Art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que dice "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”   este derecho incluye poder investigar, recibir y difundir opiniones, sin limitaciones, por cualquier medio de expresión.  

Sin embargo, en la tarea periodística, sensible a las susceptibilidades y a la suspicacia, cabe intentar revertir esos conceptos y acciones, y poder manifestar, en una sociedad con vocación democrática, que ostentamos la verdad de expresarnos libremente.

Mario Castro es periodista.

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