Editorial

Triste desenlace para Enatex

martes, 28 de junio de 2016 · 00:00
Uno de los conflictos sociales más serios de los últimos meses se vive tras el cierre de Enatex, que dejó a unos 800 trabajadores desempleados. La COB ha iniciado una serie de movilizaciones para intentar que sea revertido el decreto de cierre. El Gobierno ha negado tajantemente que ello pueda ocurrir. 

Para explicar por qué cerró Enatex, el vicepresidente Álvaro García Linera dio una argumentación autoinculpatoria: admitió que el Estado boliviano compró Ametex, la fábrica que dio vida a la empresa estatal, cuando estaba "quebrada”.

El Segundo Mandatario explicó luego, de manera algo confusa, "¿Por qué se invirtió? Porque era un tema social y la información que se tenía es que se podía levantar la empresa inyectando capital”. También explicó que se lo hizo "por un tema social”, es decir para evitar despedir a trabajadores.

Analicemos todo lo afirmado por el vicepresidente García Linera. En primer lugar, es algo grave para un Estado comprar una empresa a sabiendas que estaba "quebrada”. Como decimos, ello entraña un posible daño económico al Estado.

Segundo, el Mandatario afirma que "se tenía información” de que "inyectando capital” se podía salvar la empresa.
 
Entonces éste es un segundo error. ¿A base de  qué estudio se estableció que "inyectando capital” se podía evitar el cierre de la compañía? ¿Quién autorizó los desembolsos? Si el fisco ha tenido que dar 69 millones de dólares para tratar de salvar a la empresa, como informó el Gobierno, y ello no se logró, entonces ése es el posible monto del daño, en un caso que futuros fiscales y jueces (no los actuales, obviamente) podrían tomar en consideración.

El tercer punto es del "tema social”. No se podía aceptar que la empresa Ametex despida a sus trabajadores, aseguró. Pero ahora sí el Estado se permite hacerlo, usando recursos de todos los bolivianos para pagar las indemnizaciones. Desde el punto de vista de la defensa de los intereses del Estado, a los que suele referirse el Vicepresidente, era más lógico dejar que los propietarios de Ametex, es decir Marcos Iberkleid y su familia, incurrieran en ese gasto si el cierre era inevitable, como efectivamente lo fue.

Por otra parte, no hay duda de que Ametex enfrentaba problemas financieros y de mercados desde antes de que Bolivia perdiera el ATPDEA, lo que ocurrió en 2008, que le permitía exportar textiles sin pago de aranceles a EEUU y que el Gobierno actual se negó a intentar renovar. El hecho es que Ametex tenía fuertes deudas en el sistema bancario nacional y elevados pasivos sociales. La empresa empezó a enfrentar desde principios de los 2000 los efectos de la competencia china en el campo de los textiles, que dejó a centenares de empresas del rubro en quiebra en todo el mundo. Por ello acudió al Estado para conseguir créditos y, cuando el gobierno de Evo Morales se instaló, inició negociaciones para encontrar una solución a sus problemas. El cierre de la fábrica, justo después del fin del ATPDEA, hubiera implicado un costo político muy alto para la gestión del MAS. También es posible que los bancos hayan presionado al Estado para evitar la quiebra de Ametex.  La exministra Teresa Morales, entonces, aceptó que el Estado asumiera la fábrica, que en esa época tenía unos 3.000 trabajadores, e inició el dificultoso proceso de salvarla. La mala administración que desarrolló y la incapacidad que tuvo para abrir nuevos mercados (el intento de que Venezuela importe su producción fue un fracaso), terminaron por convertir a la compañía en inviable. Sin la experiencia de Iberkleid y de los gerentes anteriores, y con un contexto internacional adverso, sólo se podía esperar lo peor. Si a ello se añade que el nuevo Gobierno politizó la empresa, aumentó los costos de operación en 45% sólo en el primer año de administración y realizó trabajos para campañas electorales del oficialismo sin pagos a cambio, el desenlace era obvio: millones de dólares de daño al Estado, 800 trabajadores despedidos e indicios de inestabilidad social.

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