¿Hubo inclusión social en estos últimos años?

martes, 7 de junio de 2016 · 00:00
El periodo 2001 al 2012 está caracterizado por el tránsito del neoliberalismo centrado en las fuerzas del mercado al "nacionalismo indígena”,  donde se intenta recuperar al Estado. Se le confiere un rol más activo y su presencia está marcada por un hito: el 1 de mayo de 2006, cuando se nacionalizaron  los hidrocarburos, recuperando el 82% por concepto de impuestos de las petroleras internacionales. Esta medida se tradujo en que el fisco recibió 5.855 millones de dólares en el año 2013, de los 673 millones de dólares anuales que recibió el año 2005. Un Gobierno con más del 53% de mayoría absoluta en las elecciones del año 2005 se le ha conferido  el respaldo popular para asumir esta importante medida.
 
Esta apropiación del Estado boliviano, de uno de los principales recursos del país, ha permitido que las políticas redistributivas (bonos) tengan una contribución indiscutible en la profundización de la democracia y la inclusión social. Sumado a la bonanza de los precios internacionales y  la estabilidad social, empezaron a surgir nuevas élites económicas y políticas de cuño indígena. Así, por ejemplo, son otros los protagonistas en las decisiones que se debe tomar para la vida del Estado. Basta mirar la composición pluriétnica del Parlamento nacional. Y dentro de la emergencia de las llamadas clases "medias” se encuentran indígenas que han sabido aprovechar la oportunidad de esta coyuntura única.
 
Este artículo reflexiona sobre si hubo inclusión social en estos últimos años o se quedó en una discursiva populista, en un símbolo bien aprovechado.
 
Si hubo un proceso inclusivo, ¿cómo es que asistimos a un real despoblamiento rural? No es un tema menor, ya que crónicamente los niveles de bienestar de las ciudades han sido incomparablemente mejores que en el campo. En efecto, el año 2001, de los 8,2 millones de habitantes que éramos,  5,1 millones residía en contextos urbanos y 3,1 millones en contextos rurales. 
 
En 2012, de los 10 millones de habitantes, 6,7 millones son urbanos y 3,2 millones son rurales. Traducido en cifras porcentuales significa que mientras el país tenía 37,6% de población rural el año 2001, el año 2012 desciende a 32,5%. Por contrapartida, la población urbana representa el 67,5%. 
 
El país se urbaniza a expensas de un  proceso creciente de desruralización. Los que salen del campo son jóvenes, con un potencial enorme de trabajo y productividad, y llegan a las ciudades metropolitanas para insertarse en empleos precarios, transfiriendo y reproduciendo su pobreza originaria en las ciudades. 
 
Las tendencias no avizoran sino  una profundización de la desertificación social rural, ya que sin bien en Bolivia la pobreza ha ido decreciendo en el tiempo, la desigualdad urbana y rural es hoy inaceptable porque se ha ido agudizando. Para 2012 se estimó que un poco más del 34% de la población urbana se encontraba en  pobreza moderada. En cambio, con 26 puntos de diferencia, la pobreza rural fue 61%. Algo parecido, pero peor,  ocurre con la pobreza extrema, ya que en las ciudades este porcentaje está alrededor del 12%, en cambio el campo con 41%, y  29 puntos de diferencia. 
 
Desde este punto de vista, los indígenas continúan excluidos en sus territorios de origen y, dadas las características de colonialismo interno aun existentes, siguen excluidos, aunque en menor grado en las ciudades.
De este modo, los esfuerzos del actual Estado Plurinacional respecto a la inclusión social aún no ha afectado el núcleo duro de la desigualdad y la pobreza, y aún queda un largo camino para profundizar la democracia, con derechos y oportunidades para todos y no sólo para los que comulgan con el partido de gobierno.

René Pereira Morató es sociólogo urbano, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la UMSA.

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