Enatex: si no hay rentabilidad, no hay derechos

miércoles, 13 de julio de 2016 · 00:00
El decreto 2765 que cierra Enatex señala: "Que ante la baja productividad y rentabilidad de Enatex es necesaria su modificación de empresa pública a Entidad Descentralizada”, por lo que    procede a modificar su naturaleza jurídica, de empresa productiva a empresa de servicios (Art 1) y en el Art 2 la sujeta al régimen del Funcionario Público, concluyendo con la desvinculación de los trabajadores (Art 10). Esta disposición genera jurisprudencia para que las empresas, públicas o privadas, que en algún momento tengan baja productividad y rentabilidad, que no es lo mismo que declararse en quiebra, fácilmente, sin realizar los procedimientos establecidos, cambien de naturaleza jurídica, y despidan a todos sus trabajadores con una causal que no está establecida en el Art 16 de la Ley General del Trabajo, vulnerando la estabilidad laboral. 

 Esta medida es totalmente arbitraria. No existe una sola normativa que faculte al Gobierno a cerrar empresas por baja productividad o rentabilidad, mucho menos sin que exista  una evaluación,  informe y/o auditoría.
 
Sencillamente eso no puede admitirse, ya que podría  dar lugar a encubrir acciones fraudulentas. Tanto en el sector privado como en el público. Con esta norma se abre las puertas a la discrecionalidad en la administración de las empresas públicas y, por ende, a la corrupción.

Pero esto no es nuevo, el Gobierno ha actuado a contrapelo de la propia Constitución Política del Estado en el caso Enatex, ya que ésta establece que las entidades económicas de propiedad estatal deben "garantizar la participación  y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios” (Art. 309).

Los obreros de la textilera jamás participaron en la toma de decisiones, mucho menos el resto de la población boliviana. Nada sabemos sobre la administración de la empresa, ni cómo ni en qué se gastaron los 68 millones de dólares que el Gobierno  afirma haber invertido. Recordemos que los artículos referidos  al control social en las empresas públicas, plasmados  en el  texto constitucional, son resultado de la lucha popular antineoliberal y  de la voluntad de los actores de superar los errores cometidos en la administración de empresas públicas que sirvieron de pretexto para las privatizaciones.

En sus efectos directos, el despido ilegal que han sufrido los 1.000 trabajadores vulnera también  la inamovilidad laboral de padres y madres progenitores  y el fuero sindical de los dirigentes que fueron desvinculados. No conforme, se  impone el régimen del Estatuto del Funcionario Público para quitar el derecho a la sindicalización y beneficios sociales  establecidos por ley. Subrayando el carácter neoliberal  del decreto, retrocediendo el poco avance que se ha logrado en materia laboral en el país para imponer un régimen laboral que ponga en total indefensión al trabajador. 

La primera propuesta del Gobierno,  plasmada en el decreto 2822,  prohíbe utilizar como jurisprudencia el Decreto 2765 para despedir obreros de otras fábricas, aunque los empresarios privados han anunciado  que presentarán un  recurso legal contra la norma. La segunda propuesta es el compromiso de anular el Estatuto del Funcionario Público para elaborar un nuevo régimen, sin aclarar que  los trabajadores públicos podrán estar o no amparados bajo la Ley General de Trabajo. Lo que está claro es que los 1.000 trabajadores que ya no tienen fuente de trabajo no tienen los mismos derechos que el resto.  

 Las propuestas, por su ambigüedad, no garantizan los derechos laborales, ni para los 180 trabajadores, a los que no se los pretende reincorporar, ni para los demás trabajadores públicos ni privados, porque el Estado da señalas ambiguas  sobre el respeto a la estabilidad laboral.

A pesar de que actualmente el decreto no se anule, los trabajadores dejaron claro que hacer respetar los derechos de los trabajadores del país fue y será sólo producto de la organización y la lucha. Hoy han subrayado, con su la última movilización, que se abre un periodo de confrontación para defender su fuente de trabajo.
 
Carminia Torrico Foronda es socióloga, especialista en temas laborales.

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