Autonomías, pacto fiscal y huelga

miércoles, 03 de agosto de 2016 · 00:00
1. Este mes se cumplen 6 años de la Ley 31 de Autonomías. Una primera evaluación del avance del proceso autonómico, establecido en la Constitución, demuestra cuatro retrasos estructurales.

2. Los artículos, 297 al 305 de la Constitución detallan las competencias (capacidades operativas) para cada nivel de conducción del Estado. Por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz debe atender a 56 municipios; la de La Paz a 87 municipios en 20 provincias y siete regiones, en ámbitos como: salud, educación, agua potable y alcantarillado, recursos naturales, medio ambiente, recursos hídricos, riego, desarrollo productivo y turístico, etcétera.

3. Retrasos estructurales: a) Confusión estadística y demora injustificada para conocer resultados del Censo de Población y Vivienda 2012; b) Ausencia de voluntad política-institucional para concretar el Pacto Fiscal; c) Nociva persistencia para concentrar recursos financieros en el nivel central del Estado; d) Destino discrecional de dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

4. Censo 2012. Su resultado fue conocido dos años después. El Director del Instituto Nacional de Estadísticas renunció públicamente (con llanto incluido); en Santa Cruz se hallaron boletas censales en lugares no autorizados...

5. Pacto Fiscal. La Disposición Transitoria VII Parágrafo II de la Ley 31 señala que seis meses después de conocerse el resultado del Censo debía presentarse, ante el Consejo Nacional de Autonomías (integrado por gobierno central, gobernadores y representantes de municipios) la propuesta técnica del Pacto Fiscal. Ese Consejo (dirigido por el Presidente del Estado) se reunió tres veces en 2015, discute su Reglamento pero no problemas de fondo. Se incumple la Ley o se la dilata...

6. Distribución de recursos estatales. Las Disposiciones Transitorias, 3ra y 4ta de la Ley 31 establecen que municipios y universidades públicas perciben recursos de la coparticipación tributaria (impuestos y recaudación aduanera), no las gobernaciones, como fueron excluidas las exprefecturas en la Ley 1551 (esa de Sánchez de Lozada), en su Artículo 20. En ambas leyes (31 y 1551) se mantiene el 75% de ingresos para el Ministerio de Economía.

7. Discreción con el IDH. a) Por Ley 3058 "los departamentos productores de hidrocarburos” tienen regalías específicas; "los otros (departamentos no productores)” acceden a migajas de un "Fondo de Compensación”. b) El Decreto Supremo 28421 de 21-10-2005 dispone que las exprefecturas perciban 57% de los ingresos por IDH. El Decreto 29322 de 24-10-2007 disminuye esos ingresos a 24%.

8. Consecuencias del retraso estructural. a) Avance sólo de forma (normativo-político) en la implementación de las autonomías territoriales, pero no en recursos para ejercer competencias y responsabilidades asignadas por Ley. b) Inequidad al distribuir recursos del IDH, porque si existen "departamentos productores”, debiera considerarse a regiones que con su "ofrenda de sangre” dieron origen al IDH (El Alto-La Paz, octubre de 2003). c) Distracción en el nivel central del Estado, al construir canchitas con césped sintético, enlosetados o burlarse de las regiones al hablar de la marraqueta paceña o el achachayrú cruceño.

9. Otras secuelas: d) El nivel central del Estado descuida sus competencias, exclusivas y estratégicas. Ejemplos: Mutún (tres fracasos en 10 años: EBX, Jindal, ESM) o Enatex (cierre de unidades productivas a escala y despido de 900 trabajadores). e) Campaña electoral  –e ideológica–  permanente en el último quinquenio: marzo 2010 elección subnacional; octubre 2014 elección nacional; marzo 2015 elección subnacional; septiembre 2015 referendo de estatutos y cartas orgánicas; febrero 2016 referendo tercera reelección del presidente y vicepresidente del Estado.

10. El Presidente del Estado omite (hace dos meses) atender el pedido de audiencia de un departamento. Ante la ausencia de voluntad de diálogo, la huelga es legítima.

Edgar Ramos Andrade  es comunicador e investigador social.
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