Salud como derecho

sábado, 6 de agosto de 2016 · 00:00
Un elemental respeto a la fecha histórica del 6 de agosto nos impone disimular la basura que nos rodea y no opacar la fiesta comentando abusos, como el cometido en Santa Cruz con profesionales médicos enviados a la cárcel sin proceso previo, sin consultar siquiera una opinión autorizada, menos demandar una auditoría médica o convocar a un tribunal idóneo. La ignorancia prepotente condenó el hecho como mala praxis y eso basta.

 Dejando para después el análisis de éste y otros casos semejantes, en el día de la patria preferimos volver a un tema de trascendencia nacional, que debía ser debatido por comunicadores, economistas, políticos, sociólogos y otros profesionales y no profesionales, en realidad por toda la sociedad y no solamente por los médicos: la salud como derecho. 

La defensa de la salud colectiva está íntimamente relacionada con la política, no sólo por la necesaria sustentabilidad financiera que involucra a los gobiernos, sino por la demostrada determinación social del proceso salud – enfermedad y porque la estructuración del sistema para atenderla requiere ser parte y muy destacada de la política de Estado.

Con arrogancia audaz y poco responsable, los documentos iniciales del MAS, a partir de la Constitución Política del Estado, afirmaban que el nuevo gobierno iba a realizar lo que no hicieron  sus antecesores "colonialistas, vendepatrias y neoliberales”. Anticipándose a Ronald Trump (actual candidato republicano de Estados Unidos) levantaron una muralla entre el pasado de oprobio, según ellos,  y el futuro "puro y cristalino” a construir por el MAS.

Ignoraron deliberadamente los impactos de la política de salud democrática y participativa, la cual en 10 años (1982-92) eliminó el bocio endémico, que afectaba al 65,5% de la población y provocaba secuelas de idiocia, y debilidad mental, redujo la mortalidad infantil de 200 por 1.000 a 75, eliminó la poliomielitis, las epidemias de sarampión y logró otros impactos. Desconocieron también que en los gobiernos anteriores a los del MAS se había reducido la mortalidad materna de 390 en 1994 a 229 en  2003 (45% en 10 años).

Después, ya en la administración masista, se detuvo este descenso. En  2008 fue de 222 casi igual al dato de  2003. Los comités populares de salud, médicos PIAAS, la ley de Participación Popular y el SUMI, instrumentos serios de inclusión de los excluidos, fueron tildados de neoliberales. Sin embargo, hasta hoy no han podido hacer algo semejante, menos superar tales medidas. La crítica implacable no construyó nada a cambio de lo que destruía. El SUMI sobrevive, pero se interrumpió su expansión pese al boom del aumento de precios de las materias primas, que casi decuplicó la coparticipación tributaria. La mortalidad materna interrumpió su descenso y nadie puede saber la situación actual porque desde que se expulsó a Usaid el Estado no ha sido capaz de reemplazar las Endsas  (Encuesta Nacional de Demografía y Salud) por algo medianamente parecido. 

El pomposo anuncio de crear un Servicio Único de Salud que garantice la atención libre de costo para toda la población ha quedado en el buen deseo. Un intento de lograrlo, sacrificando los actuales seguros sociales, chocó, como era de esperar, contra los derechos de los actuales asegurados. En síntesis: el sistema  está más que nunca desarticulado, segmentado, fragmentado, mal financiado y peor equipado. El primero y segundo nivel de atención están bajo la responsabilidad de los municipios, el tercer nivel, de la Gobernación departamental. Tal fragmentación perjudica a los pacientes y desarticula el sistema.

El concepto de salud como derecho va más allá del trillado derecho a la salud reconocido por casi todos los Estados. Ese derecho ambiguo no evita que mueran más los pobres, por no tener acceso al sistema de salud. Nuestra propuesta busca que el Estado asuma el cuidado de la salud, en la misma forma que garantiza, por ejemplo, el derecho de propiedad. La choza más humilde o el palacete residencial tienen una protección total. 

La Policía garantiza que nadie se apodere de  la vivienda, de cualquiera de sus partes o de los muebles que existan. No fragmenta su protección a piezas especiales, dormitorios, comedor o cocina ni cobra por este cuidado.
 
El Estado financia este derecho sin costo inmediato para el beneficiario. El financiamiento para la salud es uno de los temas de debate, al cual volveremos en los próximos sábados gracias a la gentileza de Página Siete de brindarnos, a partir de la fecha,  el espacio para publicar esta columna quincenalmente.


Javier Torres Goitia T. fue ministro de Salud.

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