El sastre de Panamá

domingo, 11 de septiembre de 2016 · 00:00
Las bizantinas discusiones en el país de los Panama papers, entre gente que además no entiende mucho del asunto, hace pensar en la deliciosa novela del escritor inglés John Le Carré, El sastre de Panamá. La novela es una sátira de las intrigas y espionajes de los servicios secretos ingleses, en un país que les parecía remoto.

Entre las sorpresas que nos trae la discusión nacional de los Panama papers es que los Países Bajos habían sido un paraíso fiscal. Los sufridos contribuyentes holandeses han debido tener un gran sentimiento de alivio de que juzguen así a su país. Los investigadores bolivianos probablemente no sabían que los Países Bajos, como casi todos los países europeos, tienen una muy pesada presión tributaria.
 
 Es posible que depósitos bancarios y otros activos financieros de no residentes estén exentos de impuestos o que tengan una tributación más liviana. Estas exenciones, empero, no convierten a los países receptores automáticamente en paraísos fiscales tanto más que ellos; para permitir que no residentes abran depósitos o efectúen otras operaciones financieras tienen requisitos muy exigentes. No cualquiera puede abrir una cuenta.
 
Más allá de los Panama papers hay un tema de fondo. ¿Se seguirá manteniendo la política correcta de tener una cuenta capital de la balanza de pagos enteramente abierta? A juzgar por declaraciones de algunas autoridades pareciera que no. Se recordará que la balanza de pagos registra, en principio, todas las transacciones de bienes, servicios y activos del país con el extranjero. Es convencional distinguir en la balanza de pagos, la cuenta corriente que registra las transacciones de bienes y de servicios, de la cuenta capital que registra las transacciones de activos, incluyendo los movimientos de capitales. Ni la ley del Banco Central de Bolivia, ni la ley de servicios financieros ponen trabas a los movimientos de capital. Los economistas dirán entonces que el país tiene una cuenta capital abierta.
 
Los ingresos y también la salida de capitales del país gozan de la presunción de legalidad. Si hay flujos ilegales, como por ejemplo provenientes del narcotráfico, de la corrupción o de la evasión impositiva, la carga de la prueba les corresponde a las autoridades nacionales. 
 
Les incumbe a las entidades financieras nacionales, por su parte, verificar la identidad y reportar a las autoridades de supervisión las declaraciones de origen de los fondos de las personas naturales o jurídicas, en correspondencia con los acuerdos internacionales al respecto que tiene el país.
 
Si Bolivia no está más integrada ahora al mercado internacional de capitales no es por obstáculos legales, sino por la desconfianza de los inversionistas extranjeros, por la debilidad de los derechos de propiedad,  por el reducido tamaño del mercado financiero nacional y por las insuficiencias de la infraestructura de apoyo al funcionamiento del sistema financiero, aunque esto puede estar cambiando con la modernización en curso de las tecnologías de información de los bancos y de la Bolsa Boliviana de Valores. 
 
Cerrar la cuenta capital, como proponen algunos, nos aislaría aún más de los mercados internacionales con graves efectos negativos para la economía nacional. Si se quiere que ingresen capitales al país, se los debe también dejar salir sin mayores costos ni obstáculos. Se decía en las épocas del dictador Ceaucescu que era fácil entrar a Rumania pero que lo difícil era salir. Por lo tanto, poca gente se arriesgaba a ir. 
 
Es cierto que algunos países, para evitar fluctuaciones bruscas en los movimientos de capitales, cierran con medidas administrativas la cuenta capital de su balanza de pagos. Hacerlo bien, sin incurrir en costos de eficiencia, ni correr el riesgo de que se creen mercados negros de divisas, es difícil. Exige una institucionalidad muy fuerte y una credibilidad muy grande de las autoridades monetarias. Hay mucha tela que cortar en los Panama papers.

Juan Antonio Morales 
es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente 
del Banco Central de Bolivia. 

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