El deber de investigar con la debida diligencia

viernes, 16 de septiembre de 2016 · 00:00
En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la muerte violenta del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes Alvarado, y las muertes de cinco cooperativistas mineros, así como las lesiones sufridas por manifestantes, pobladores y policías en las protestas sucedidas en la localidad de Panduro, haciendo un llamado al Estado a continuar estas investigaciones con debida diligencia y con respeto al debido proceso, a fin de determinar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado ha informado sobre la imputación de nueve personas en conexión con la muerte de Illanes (entre ellos el presidente de Fencomin, que lideró las protestas), a quienes ha impuesto la medida de  detención preventiva. También se ha señalado que la investigación de los mineros muertos en la represión policial es más compleja y requiere de un esfuerzo especial, por lo que ésta podría durar un plazo mayor.

Indudablemente que se trata de un proceso complejo, la investigación criminal de dichas muertes requiere de una serie de condiciones y capacidades, que al presente no se han garantizado. Se deberá analizar si el uso de la fuerza pública en las circunstancias particulares fue razonable y absolutamente necesaria. 

Se deberá considerar los testimonios de los familiares de las víctimas fallecidas, así como de los heridos y otras personas que estuvieron en el lugar de los hechos, muchos de ellos cooperativistas que ahora están siendo perseguidos penalmente.

 Asimismo, para el esclarecimiento de los hechos serán necesarias las declaraciones testificales de los funcionarios policiales que participaron en el operativo, además de exámenes médicos, forenses y balísticos, que permitan una valoración objetiva.

Para situaciones como ésta, en la que el Ministerio Público  ejerce la  dirección funcional  de la actuación policial en la investigación de delitos -en este caso- cometidos presuntamente por los propios policías en su labor de restaurar el orden público, se hace necesario aplicar los estándares internacionales más altos de debida diligencia, transparencia y legalidad, a fin de garantizar una investigación eficaz e imparcial.

Al respecto, por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia la necesidad de que la investigación (i) sea realizada por personas que gozan de independencia e imparcialidad; (ii) con cualidades profesionales competentes, (iii) empleando los procedimientos apropiados y utilizando de manera efectiva todos los recursos a su disposición y con el apoyo de personal técnico  y administrativo idóneo.

Asimismo, Naciones Unidas ha adoptado el Protocolo de Minnesota, que indica ciertas pautas a seguir para el caso específico de la investigación penal de homicidios como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios policiales o agentes del Estado, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Para estos casos, recomienda la creación de comisiones especiales de investigación, integradas por personas profesionales de reconocida imparcialidad, competencia e independencia.

En ese marco, a fin de cumplir con los deberes internacionales del Estado boliviano, de investigar con la debida diligencia, resulta pertinente que el Fiscal General del Estado proceda a establecer una comisión especial, constituida por personas idóneas y capaces de llevar a cabo la investigación de manera técnica, imparcial e independiente, con asistencia profesional  internacional, que puede ser de la propia CIDH, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en sus artículos 15 y 44 le atribuye: 

Solicitar colaboración de organismos de derechos humanos en las investigaciones de delitos que afecten los derechos fundamentales de las personas, así como del artículo 82: En casos de investigaciones especiales el Fiscal General del Estado  dispondrá  la conformación de una comisión especial de investigación, solicitando a organismos de carácter internacional, de acuerdo a los convenios internacionales vigentes, la asignación de su personal más especializado o capacitado para el caso concreto, mientras dure dicha investigación.

Ramiro Orías es   abogado, especialista en derecho internacional de los Derechos Humanos.

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