Jihad, terror y boicot bajo la tutela del Estado benefactor europeo

miércoles, 21 de septiembre de 2016 · 00:00
Las ayudas sociales son parte del estatismo europeo y los inmigrantes suelen beneficiarse de las mismas. Algunos jihadistas, también. Tiempo atrás, la publicación española Libertad Digital ofreció llamativos ejemplos. Posiblemente el más emblemático sea el de Mohamed Emwazi y su familia, quienes abandonaron Kuwait tras la Guerra del Golfo, asentándose en Gran Bretaña en 1996. Todo el clan recibió asistencia social del Estado británico que cubrió los alquileres durante dos décadas, llegando a rozar los seiscientos mil euros en el período. Emwazi es más conocido por su apodo Jihadi John, el tenebroso islamista angloparlante del ISIS que decapitó a varios rehenes y posteó en youtube.

 Uno de los terroristas que participó de los atentados en París, en noviembre del año pasado, Bilal Hadfi, también recibió ayuda social para pagar su alquiler; en tanto que el belga Ibrahim Abdeslam -quien se inmoló en la sala Bataclan de la capital francesa y cuya exesposa dijo que "apenas trabajaba, se dedicaba a dormir, ver películas, conectarse a Internet, escuchar música rap y fumar marihuana”- recibía un subsidio para solventar el alquiler de la vivienda además de mil euros al mes. El diario El Mundo lo describió como "fiestero, divorciado, porrero hasta niveles preocupantes” y dueño de una empresa familiar que llegó a facturar cien mil euros anuales; cuando las autoridades cancelaron la ayuda oficial, "Ibrahím enloqueció y agredió a un consejal”.

Al considerar que en Europa residen cerca de diez millones de musulmanes, uno puede verse tentado de aducir que este puñado de casos no pasa el umbral de una muestra. Aun así, alerta a propósito es un problema real que se  agrava al recordar el lamentable récord europeo en el campo del patrocinio de organizaciones radicales, que puede verse  en el conflicto palestino-israelí. 

Francia, por ejemplo, respaldó económicamente a tres ONG pro-boicot desinversión y sanciones (Association France Palestine Solidarité, The International Federation for Human Rights, Catholic Committee Against Hunger and for Development-Terre Solidaire), las que promovieron un boicot contra la compañía telefónica Orange en Israel y triunfaron. Francia es dueña del 25% de Orange, lo que significa que París financió un boicot contra sus propios intereses. Algo parecido ocurrió con Holanda cuando ONG patrocinadas por el Estado holandés fomentaron un boicot a la Compañía de Agua de Israel, Mekorot. 

El pico de la ofensiva de estas ONG pro-BDS ocurrió el mismo mes en que Holanda firmó un acuerdo de cooperación de desarrollo con Israel. España ha financiado a una serie de ONG pro-BDS, como Al-Haq, el Comité para la Ayuda Agrícola Palestina y País Valencia, las que promovieron un boicot a Israel que España oficialmente rechaza.

También está el caso de World Vision, una ONG caritativa cristiana global, cuya sede en la Franja de Gaza desvió millones de dólares de donantes internacionales hacia las arcas del grupo terrorista Hamas. 

La propia agencia de NNUU para la protección de los refugiados palestinos desde 1948, UNRWA, es un emblema de esto: durante las guerras de Hamas contra Israel, sus hospitales y escuelas se convirtieron en plataformas de lanzamiento de misiles  contra ciudades israelíes, sus ambulancias se transformaron en vehículos para transportar terroristas y sus jardines de infantes fueron usados como refugios para esconder a los combatientes palestinos. UNRWA es sostenida por los aportes de estados-miembro de la ONU, muchos de ellos europeos comprometidos con el proyecto de la paz palestino-israelí.

Nadie espera que Europa anule al Estado benefactor, que sin lugar a dudas ha asistido a grandes cantidades de inmigrantes honrados, ni que renuncie a su generosidad frente a organizaciones humanitarias que hacen el bien a diario, ni que deje de aportar a un organismo de la ONU que cuida a millones de refugiados palestinos, criminalmente abandonados a su suerte  por  más de medio siglo atrás. Pero, ¿es mucho pedirle que no extienda su caridad a jihadistas decididos a conquistarla? ¿Ni a ONG extremistas que sabotean la  coexistencia palestino-israelí? ¿O que se asegure que sus donaciones no caigan en manos de militantes fundamentalistas? 

Julián Schvindlerman es analista internacional.   

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