Dar muerte a la autoridad

viernes, 23 de septiembre de 2016 · 00:00
 De horror y confusión son los sentimientos ciudadanos ante la muerte de cinco proletarios mineros y un viceministro de Estado. A la ciudadanía le es difícil comprender lo que está en juego en esta coyuntura y tiene dificultades para visualizar las alternativas de futuro que se le presentan. Es temprano aún para saber si el Gobierno ha perdido capacidad de imponer orden y mandar en la sociedad, pero es evidente que hay que resituar la cuestión del ejercicio de la autoridad en un contexto en el que, por un lado, los aliados del Gobierno (como quiera que se les llame) pasan de competidores pasivos a adversarios hostiles, y, por otro, la colusión entre autoridad de Estado y autoridad sindical pierde  credibilidad y eficacia para resolver problemas comunes, degenerando en el ventajismo grupuscular.

Se puede aducir la erosión de la autoridad del Estado Plurinacional por un exceso de promesa a quienes, desde la sociedad, exaltan el individualismo posesivo; de acuerdos entre Gobierno y grupos de presión condicionados a la ocupación de cargos en la administración. La concesión de ventajas en la explotación de riqueza y la apropiación del excedente por vías legales y extralegales debilitaron sus vínculos al desaparecer los privilegios. 

Las instituciones están dejando de funcionar por varias razones, entre ellas un sistema de autoridad truculento que tiene a los poderes del Estado en un continuo teatro, proveyendo espectáculos mediáticos a la gente incauta. La pérdida de autoridad se debe también a una desigual participación en el reparto del botín entre las organizaciones sociales hermanas y a la clandestina disputa entre competidores internos en el bloque en el poder. 

Hoy la autoridad pública tiene nexos inextricables con el partido y las organizaciones sociales, situando a la sociedad y a la ciudadanía en último término, no al revés; esta embrollada desconexión entre la autoridad poderosa y la comunidad inerme provoca sentimientos crecientes de impotencia, desconfianza y rechazo, que se expresan con protestas, tomas, bloqueos, retenciones, secuestros, con la perversa acción de dar muerte a la autoridad. 

La resolución de problemas y la toma de decisiones en la política pública no sólo es más compleja, sino también que se ha convertido en un oficio peligroso para la autoridad de Estado.
 
El financiamiento del sistema de autoridad hoy es de supervivencia organizativa, ya no depende del  extractivismo. El erario nacional mira con avidez los créditos y las reservas internacionales si quiere prolongar las subvenciones políticas a la obediencia ciega de los de abajo. 

Aflojar los lazos del Gobierno con los grupos de presión, a los que está atado, y reducir los privilegios que antes gozaban las organizaciones adictas trae como consecuencia rupturas violentas entre Estado y sociedad civil, a la vez que las nuevas élites de izquierdas quedan atrapadas en los circuitos de un Estado refeudalizado, distanciado de las demandas sociales que realmente importan.

¿Es posible acabar con el corporativismo sectario, reconciliar las demandas conflictivas e implementar políticas públicas, intermediando y agregando intereses de una base amplia? La cuestión crucial para el Estado Plurinacional es impedir que la organización de la política se desarrolle en una única dimensión económica entre Estado contra mercado y gestionar los problemas de la sociedad boliviana redefiniendo y redescubriendo objetivos comunes y pluralistas. Hay que reconocer que, aún persistiendo los atributos del gobierno nacionalizador, las condiciones de su eficacia están en grave peligro si no hay cambio de perspectiva.

 Marco Antonio Saavedra Mogro es docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés.

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