Estado y regulación impositiva

lunes, 26 de septiembre de 2016 · 00:00
La visión actual de Estado es que el nivel de la presión tributaria no involucre sólo a una parte de la sociedad boliviana, sino también alcance al conjunto de personas que forman parte del país. En este contexto,  el Gobierno busca establecer un sistema tributario que responda definitivamente a la demanda de servicios de salud y educación, esencialmente en las ciudades que se convierten  en espacios de  acumulación de la migración campo  ciudad, y de sectores de nuestra economía inmersos en políticas estructurales establecidas en nuestro territorio.
 
 Es justamente en ese sentido que nos ponemos analizar si las actuales modificaciones, realizadas a la Ley 2492 (Código Tributario), realizadas con Ley 812 del 30 de junio de 2016 y promulgada por el Ejecutivo, son verdaderamente soluciones para los sujetos que están inmersos en una relación jurídica tributaria.
 
 De acuerdo a estas modificaciones establecidas en  los artículos 47, 59, 83, 156 y 157, más las disposiciones transitorias y finales de la mencionada norma legal, son cambios que tienen el objetivo de crear conciencia tributaria en el  sujeto pasivo del impuesto y que, al mismo tiempo, estas medidas sean beneficiosas para el mismo, en el sentido cuantitativo y cualitativo de la ley.
 
Es así que la modificaciones de la Ley 812, por ejemplo, nos hablan de la deuda tributaria, donde se establece un interés fijo de 4% los primeros  cuatro años, 6% del día uno del quinto año hasta el séptimo año, y del 10% desde el octavo año. Esto contradiciendo  la antigua norma, que establecía un interés variable que llegaba hasta un 18%. Aunque  debemos hacer notar que a partir de 2011 la tasa no  subió más del 10% establecida por la administración tributaria
 
 Respecto a la reducción de sanciones  pecuniarias y arrepentimiento eficaz, los artículos 156 y 157 de la norma legal modificatoria  mantienen el 80%, hasta el 40%, inclusive hasta antes de presentación del recurso jerárquico ante la autoridad general de impugnación tributaria. Con la salvedad de que el arrepentimiento se amplía con cero de multa hasta 10 días después de la notificación con el  auto de vista o inicial, a diferencia de que en la norma modificada,  el contribuyente desconocía si tenía deuda, por consiguiente el arrepentimiento era ineficaz.
 
Con relación a la deuda tributaria establecida con la nueva norma se reconocen pagos parciales, aunque cabe señalar que anteriormente, con la antigua ley, también se reconocían pagos parciales.
 
Hoy, sin duda, la administración tributaria,  a través de estas medidas adoptadas por el Estado, trata de crear las condiciones que, frente al riesgo de las sanciones, produzca el cumplimiento  voluntario de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y, de esta manera, mejorar los ingresos del Tesoro General de la Nación que, sin duda, disminuyeron a partir de la reducción de los ingresos por hidrocarburos.
 
 Sin olvidarnos que sobre todas las cosas deberá existir aquello que llamamos "justicia  tributaria”, especialmente para aquellos que a través de sus impuestos mantienen el equilibrio económico del país, se debe buscar el beneficio del mismo con medidas  que cambien de manera real y cierta el sentido de la norma,  y no con retoques que parecen cambiar o revolucionar la forma de tributar, pero, en el fondo, no es evidente ni cierto. 
 
 Cabe además mencionar  que  el artículo 108, inciso 7 de la nueva Constitución determina que el deber del  boliviano es tributar en función a su capacidad económica, que está en relación a los principios de la política fiscal, establecida de igual manera en la misma Constitución.

Juan Carlos Cuentas  Aliaga es auditor financiero y docente universitario.

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