Catalejo

La difícil industrialización de Bolivia

miércoles, 1 de noviembre de 2017 · 00:00
Mientras, históricamente, la tasa de crecimiento de Bolivia ha mostrado frecuentes caídas, ocasionadas por descensos en los precios de las materias primas y endeudamientos excesivos, otros países, antes con ingresos por habitante muy inferiores al de Bolivia, han logrado tasas sostenidas de crecimiento llegando a desarrollarse, o a estar en vías de lograrlo, a través de la industrialización.
 
La idea de industrializarse para superar el atraso no es nueva, lo que difieren son las estrategias para lograrlo. La que actualmente está en vigencia –que el Estado se haga cargo directamente de las principales explotaciones de recursos naturales e invierta en empresas públicas– ya ha sido probada entre 1952 y 1985. Tuvo su auge en los años 70 gracias a aumentos en los precios del estaño y del petróleo, y a un crédito internacional fácil, pero las inversiones no resultaron rentables y en los 80 el pueblo boliviano debió pagar la deuda con altísima inflación y contracción económica.
 
En 1985 hubo que echar decenas de miles de supernumerarios de las empresas públicas mineras, privatizar las dedicadas a fundición de minerales y a energía eléctrica, y liquidar las manufactureras y los bancos de desarrollo perdiendo la mayor parte de las inversiones realizadas en todas ellas. Para las restantes –de hidrocarburos, ferrocarriles y telecomunicaciones– en 1993 se encontró otra solución: subastar internacionalmente el 49% de su propiedad a fin de capitalizarlas (El Plan de Todos 1993) pero las interesadas pusieron como condición tener el 51% y se les aceptó.
 
La recuperación económica empezó cuando, junto con un nuevo boom de precios de materias primas, las inversiones generadas por la capitalización dieron como resultado el hallazgo y la mayor producción de gas natural. Pero las capitalizadoras aprovecharon que no estaban bien controladas para eludir impuestos.
 
Esto ocasionó una crisis política que determinó el cambio del sistema impositivo (otra vez el impuesto más importante es sobre ventas, el IDH, y no sobre utilidades) en 2004 y culminó en 2005 con la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), que proponía que nuevamente el Estado se hiciera cargo directamente de actividades productivas.
 
El gobierno del MAS compró las acciones necesarias para poder manejar las empresas extractoras, de transporte y distribución de hidrocarburos, y expropió una extractora (Chaco), varias de energía eléctrica, las fundidoras y la empresa minera Huanuni, haciéndolas, o volviéndolas a hacer, empresas públicas.
 
Y nuevamente el gasto público acrecentado se está asignando mal. Todo indica que su rentabilidad global ya es, y seguirá siendo, crecientemente negativa (para inversión pública ver, en Página Siete/ Opinion, Del Granado 2017 12/1 y 7/13, Finot 2017/2/22, Roca 2017/4/23 y Medinaceli en mmedinaceli.com).
 
Se avecina una nueva crisis económica por las mismas causas. La anterior resultó tan profunda que sólo en 2006, con una nueva alza de los precios de las materias primas, se llegó a los niveles de ingreso por habitante alcanzados en 1978. En el mismo período el de Corea del Sur se había multiplicado cinco veces (Maddison Project): la experiencia mundial demuestra que, para el desarrollo, el Estado es decisivo pero las actividades productivas y comerciales deben ser confiadas a mercados regulados.
 
Pero el caso boliviano no se reduce a que el Estado se hace cargo de actividades que no le corresponden.  El problema de fondo es que no vela por el bien común: aún no hemos logrado superar el patrimonialismo feudal, heredado del Estado colonial español pues, sobre todo cuando abundan los ingresos, el verdadero motor del gasto público tiende a ser maximizar los beneficios políticos y económicos de quienes adoptan las decisiones, no el interés general. Los "errores de asignación” no son tales sino tienen este propósito.
 
Una primera condición, entonces, para poder desarrollarnos económicamente es conseguir que nunca más el Estado pueda ser utilizado en función de intereses particulares y personales; que en su funcionamiento prevalezca el bien común.
 
Iván Finot es MSc en economía,  especialista en desarrollo y  en descentralización.

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