Falta de transparencia en casos de divorcio

jueves, 2 de noviembre de 2017 · 00:00
La razón de este artículo es la indignación que me causa el doble estándar del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frente al abuso de la mujer. Por un lado, apoya proyectos destinados a enfrentar la violencia contra la mujer; por el otro, es indolente cuando se trata del abuso indirecto contra esposas de sus funcionarios en procesos de divorcio, bajo el pretexto del estatus de inmunidad de la organización en los Estados Unidos.  Soy testigo de un caso que afecta a mi hermana. 
 
Por razones que escapan a mi entendimiento, un organismo internacional financiado con recursos de los contribuyentes de los Estados miembros  opera con reglamentaciones que impiden transparentar las planillas de los enormes salarios y beneficios de sus empleados, aun en el caso de procesos civiles o penales. El BID debería explicar las razones de ese secretismo sobre los altos salarios en un organismo cuya función es luchar contra la pobreza y, en particular, contra la violencia y discriminación de la mujer. Este comportamiento del BID es contradictorio e irónico. 
 
En el  Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia Naciones Unidas  ese tipo de inmunidad para proteger a funcionarios que abusan a sus esposas ya no  existe. Eso se debe, en gran parte, al activismo de un periodista del New York Times, Jim Yardley,   que denunció este tipo de abusos casi 20 años atrás.   
 
Lo más grave del BID es que sus abogados rechacen responder a requerimientos judiciales, amparándose en arcaicas reglas burocráticas. Gracias a esa política, un funcionario del BID puede iniciar un juicio a su esposa y dejarla en la calle.   La fórmula para crear una tormenta perfecta de violencia física, emocional y económica a la mujer requiere tres ingredientes a) impunidad frente al abuso del esposo,   b) complicidad con un juez corrupto en el país de origen y   c) regulaciones del BID para negar información financiera. 
 
En el caso de mi hermana, su esposo,  Miguel T. I.,  funcionario del BID, luego de ocultar el patrimonio financiero de la familia, acumulado en casi tres décadas de matrimonio, procede a utilizar un juzgado boliviano para divorciarse. Se presentó ante el juez como una persona que no tiene un gran sueldo y que está endeudado, lo que dejó a la esposa completamente desamparada. 
 
 La esposa no tiene dinero para defenderse, queda en la indigencia, pues el dinero desapareció y no se puede demostrar los ingresos del esposo, debido al amparo del BID.  El funcionario presenta información incorrecta, pues sabe que ésta no podrá ser corroborada, debido a la falta de transparencia del BID. Aprovechando esa falta de información, un juez deshonesto  podría dar curso a un divorcio despojando a la esposa de su patrimonio.
 
En este ejemplo, existe un doble abuso de una mujer, tanto por las acciones de jueces venales  como por la falta de transparencia del BID.  
 
Parafraseando a García Márquez diríamos que este tipo de juicios provoca una muerte judicial anunciada para la mujer que se enfrenta ante un funcionario del BID. La esposa   y los hijos quedan con daños psicológicos crónicos.
 
No soy abogado,   sino doctor en medicina, con un título de la Universidad de Harvard,   y me parece una negación del más elemental sentido común que si hay cualquier tipo de litigio en el que está en juego el futuro de una madre y de sus hijos,   -más aún si se trata de un juicio penal por la violencia física, emocional y económica a la que la víctima ha sido sometida por años-, la burocracia del BID se esconda en   sus reglamentos   para negar información a un tribunal de justicia.
 
¿Qué hace una mujer en ese caso? ¿A quién recurre? A nadie, nadie la puede ayudar, el BID protegerá   a su empleado. En el caso sobre el que escribo, el BID ya negó esa información a la corte de justicia boliviana.  Yo puse este tema en conocimiento del BID  hace más de dos años, mediante una carta a su presidente, señor Luis Alberto Moreno, con copia a los directores. Hasta ahora nada ha cambiado. Espero que   la presión pública sobre esta injusticia que afecta a muchas mujeres en la región  pueda llevar al BID a tener mayor transparencia.
 
Escribo esto en memoria de las mujeres que en silencio y olvido sufrieron, sufren y sufrirán violencia por la inacciones de instituciones que fueron creadas para protegerlas.

Carlos Fernando Bazoberry Otero, Boston, Massachussets.
bid.abusa.mujer.pregunta@gmail.com

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