La excepcionalidad del voto “nulo” en Bolivia

No es muy común en ninguna parte del mundo que se debata sobre la significación y el valor del voto nulo, como el que tiene lugar  hoy en Bolivia. Pero ocurrió otro tanto ya   en  la elecciones judiciales de octubre de 2011, aunque con menor intensidad.  No   se trata ciertamente de  una discusión  académica -que podría ser si los académicos no estuvieran en atonía- sino que es  altamente política por la materia y  por las  consecuencias no menos políticas que están implicadas.  

  Su relevancia deriva  del hecho de que en 2011   el  porcentaje  de votos nulos  fue superior  al voto válido, situación poco común en cualquier elección nacional.   Bolivia no tiene antecedentes de esta naturaleza y su significación particular fue rápidamente asfixiada, apelando a un cierto sentido del voto nulo ya establecido en  la Ley Electoral, que los cuenta, pero a la vez, los deja sin efecto legal. De este modo se le privó de su potencial efecto disruptivo sobre los resultados oficialmente reconocidos. 

 Hoy, detrás de esa discusión, se reanima ese potencial, con el añadido de que esta vez se apela a la misma ley, que paradójicamente  hace  emerger un sentido nuevo no tomado en cuenta debidamente hasta ahora. En lo que sigue   exploraremos estas dos   significaciones del voto nulo, que son peculiaridades de  Bolivia,   y sus consecuencias inferibles. 

 1. De manera general, en toda elección existen votantes que por varias razones se resisten a sufragar . Esta resistencia es conocida por distintas denominaciones:  voto de rechazo,  de  protesta,  voto castigo, voto antisistema, etcétera.  Pero la modalidad de este tipo de voto depende de las regulaciones electorales que, para el caso, pueden  diferenciar   entre regulaciones     que  establecen la voluntariedad del voto   y regulaciones  que establecen  su obligatoriedad.  

 En el primer caso se encuentran mayoritariamente los países europeos y en el segundo los de  América Latina. Sin embargo, ambas regulaciones   pueden compartir, y de hecho comparten, una noción   de voto nulo ya estandarizada, según la cual un elector que no ha seguido las pautas de votar correctamente no ha votado  “bien” . El voto nulo sería   un “mal” voto. En consecuencia,  es  el voto que se anula, es decir, que no vale, que es inválido.

   En la legislación boliviana, desde mediados del siglo XIX, este voto nulo se registraba junto a los otros votos  y no contaba para nada en la distribución de curules, puesto que era  un voto que se “anulaba”.  

 Sin embargo, el valor del voto nulo  puede ser otro y  variar a partir de cierto umbral,  de acuerdo a los dos tipos de regulación.  Allí, donde la votación es voluntaria,  el voto nulo puede ser interpretado también como voto de rechazo y como tal desplazarse hacia la abstención, que en estos casos y países suele ser  mayor.    Una parte de los que se abstienen lo hacen para marcar sus distancias o su ruptura con el sistema político.   El voto nulo se convierte en voto de  protesta bajo la forma de la abstención.    

 Pero allí, donde  el voto es  obligatorio, el voto de protesta puede expresarse de manera diferente y el mecanismo  suele ser el voto nulo. Así se evita la sanción por no votar, pero a la vez se “protesta” y la  abstención ya no es el refugio de los “antisistemas”. Si el voto nulo  es bajo - que es lo usual-,  se hace tolerable para el sistema,   pero si sobrepasa cierto umbral o es masivo, entonces puede ser  un indicador de voto “protestatario”. 

 En Bolivia, la coyuntura política de octubre de 2011  potenció estas virtualidades del voto nulo. Las elecciones judiciales  fueron  cuestionadas ab initio por una cadena de falencias, particularmente  porque los únicos candidatos habilitados fueron los que  Gobierno aprobó en la Asamblea Legislativa.

   Los críticos con el proceso y los opositores no tuvieron otra alternativa que llamar a votar nulo o blanco contra las listas oficialistas. 

 Estos votos “negativos” de rechazo o de protesta, dado su carácter  masivo,  perdieron su perfil  anodino, acostumbrado,  de no valer,   para convertirse en fuente mayoritaria de deslegitimación política. El giro semántico y único  fue  reforzado por el sentido  que le otorga excepcionalmente  la legislación electoral boliviana actual. 

 2. Para el caso, en la Ley del Régimen Electoral en vigencia, existen dos artículos distintos. Uno es el  habitual, mientras  que  el otro  es una revolución conceptual. El primero (artículo 169 c)  hace referencia a que el voto nulo  existe y que deben figurar aritméticamente en el acta de escrutinio. Es lo ya conocido.  Pero el  segundo artículo, el 161, contiene  -además de puntualizar algunas  señales de reconocimiento físico del voto nulo- la novedad de  la definición misma del voto nulo, que le  otorga un sentido explícito y  legal ausente en toda  la legislación comparada. 

 El numeral 1 del artículo 161  define el voto nulo como una manera de “manifestar” la “voluntad” del elector, junto al voto válido y al voto  blanco. Es decir, y  en primer lugar, el voto nulo es del mismo rango que el voto válido, pues  ambos “expresan” la voluntad del elector. 

 En segundo lugar, con esta definición se ha modificado  el sentido prosaico del voto nulo, que de ser “nulidad” y no valer se transforma en positivo  y vale, porque  “expresa” la voluntad del elector y, por tanto, es equivalente  al voto  válido, ambos expresivos de la voluntad popular, y por ello mismo no puede ser simplemente ignorado o eliminado. Puede decirse que de este modo el voto nulo estaría  adquiriendo  un aura intocable, irrevocable, inalienable,  que es como se piensa  la voluntad “soberana”.   

 Esto es, la nueva figura  de  reconocimiento va mucho más allá de su constatación  estadística y  desborda su sentido corriente en   la legislación boliviana anterior. El artículo 161, I.   ha  elevado la categoría  “nada” del voto nulo a la categoría  de ser algo:  una voluntad positiva o deliberada de expresarse de una cierta manera.  Ya no es la  pura negatividad, anulabilidad, sin valor, de voto  “rechazo”, sino que expresa “positivamente” que no está de acuerdo con los candidatos que le han sido propuestos  y ni con el sistema que los ha producido.  En este sentido, el voto nulo vale.

 En tercer lugar, este reconocimiento tiene consecuencias que  rebasan el marco tradicional.  Si es masivo o, más claramente, es mayoritario respecto a los votos considerados válidos que han  optado por una alternativa o candidatura, entonces el voto nulo, al patentizar  la “voluntad” mayoritaria de los votantes,  anula la validez de la votación misma por haberla rechazado y se convierte él mismo en fuente de legitimación de los resultados electorales. Si no fuera así,  el que sea una “manifestación” de la voluntad del elector, como dice la ley,  perdería todo su sentido,  y sería puro verso el que la ley lo haya definido en los términos mencionados. 

 En cuarto lugar, otra consecuencia es que con arreglo a esta conceptualización, presente en el artículo 161, I,   debió haberse procedido a una modificación en la Ley Electoral que traduzca el tránsito del voto nulo  de su inocuidad a su potencial  legitimador.  

 Por último esta definición debería obligar al Órgano Electoral a no sesgar su plan de información que sólo se refiere  al voto válido en su versión tradicional y a referirse también al voto nulo como forma de expresar  la voluntad popular, tan válida como las otras formas mencionadas en el mismo artículo 161.
    

Jorge Lazarte R. fue vocal de la Corte Nacional Electoral.