Catalejo

Hacia un programa económico alternativo al del MAS (II)

miércoles, 29 de noviembre de 2017 · 00:56

Ya habíamos concluido que lo decisivo para superar nuestro atraso es dejar atrás el patrimonialismo, la prebenda y el clientelismo, y conseguir en cambio que, en adelante, la única manera de progresar sean el trabajo y la creatividad.


Para ello, habría que realizar una reforma institucional con los siguientes objetivos: 1) que nunca más el Estado pueda ser utilizado para fines particulares, 2) liberarnos la dependencia de los recursos naturales y 3) orientar nuestro desarrollo a una industrialización con creciente empleo de calidad, que no dependa de esos recursos sino de creación de tecnología. Para esto último habría que lograr máximos niveles de educación, como Vietnam, que a pesar de contar con niveles de ingreso similares a los de Bolivia ocupó el número 8 en la prueba PISA de 2015.


A fin de que nunca más el Estado pueda ser utilizado para fines particulares, y tomando en cuenta los otros objetivos, se propone:


1) Contra el clientelismo: a) que las campañas políticas sean financiadas íntegramente con recursos públicos: igualar el derecho de todos los ciudadanos a elegir a sus representantes y gobernantes; b) recuperar y aplicar rigurosamente los procedimientos de evaluación y asignación de proyectos públicos para garantizar su máxima rentabilidad social.


2) Para ir reduciendo efectivamente la prebenda: a) reducir y fortalecer el empleo público: remuneraciones adecuadas y procedimientos meritocráticos para todos los cargos públicos, incluidos subnacionales, y b) sanciones especiales y públicas en los casos de corrupción.


3) Para eliminar otros aspectos del patrimonialismo: a) que la ponderación demográfica prepondere siempre sobre la territorial (se reitera: tender a que cada voto ciudadano tenga igual poder) y b) estricto respeto a las competencias y autonomía efectiva de los gobiernos subnacionales.


Frente a la incapacidad del Estado en actividades productivas y comerciales, mantener empresas mixtas sólo para grandes explotaciones de recursos naturales no renovables (hidrocarburos, litio) con directorios de especialistas independientes y meritocracia. Y tender a dejar lo demás a mercados regulados: transferir gradualmente las actuales empresas públicas a accionistas nacionales. Regular y estimular los emprendimientos privados, garantizar derechos de propiedad, incluida la intelectual, y facilitar la apertura, el funcionamiento y el cierre de empresas.


Finalmente, para sancionar efectivamente el incumplimiento de leyes y otras regulaciones tanto por funcionarios del Estado como por los ciudadanos, y para facilitar el cumplimiento de contratos y resolver eficazmente conflictos entre privados, y entre estos y el Estado, hacer una reforma del órgano judicial –incluida la forma de elección de los magistrados– y de la Policía, de leyes y otras normas, sobre la base de propuestas de expertos nacionales independientes.


¿Cómo financiar el funcionamiento del Estado con el nuevo enfoque propuesto? En primer lugar, destinar toda la renta que generen los recursos naturales no renovables a un Fondo para el desarrollo de recursos humanos a partir de una primera generación y excepcionalmente a algunos proyectos de infraestructura de gran impacto.


Y financiar todo el resto del gasto público exclusivamente con ingresos tributarios (de los que se restaría el IDH, que hace parte de la renta de recursos naturales). En el gasto del Gobierno central estaría comprendida una redistribución territorial igualitaria, subsidiaria respecto a las iniciativas y aportes subnacionales, para hacer viable el desarrollo económico territorial.


Entre estos aportes, además de impuestos propios, estarían las contribuciones especiales para la construcción de cada obra pública, distribuidas proporcionalmente entre sus beneficiarios. Se estaría recuperando así una institución inclusiva endógena perfeccionada en la comunidad durante siglos y aún en vigencia.


Y que la inversión en general se financie primordialmente con ahorro interno –en promedio 15.5% del PIB pero con frecuencia mayor que 20%– captado por la banca. Evitar al máximo el endeudamiento externo.

Iván Finot es MSc. en economía, especialista en desarrollo.

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