Regalo de la justicia a la COB y el Gobierno

martes, 25 de abril de 2017 · 00:00
El último viernes, un juez de La Paz denegó la acción de amparo constitucional requerida por dos empleados despedidos de una empresa local, un evento lánguido de la justicia si no fuera porque sugiriera   una línea jurisprudencial contra los derechos de cientos de trabajadores retirados en los últimos meses.

La sentencia terminó favoreciendo a la patronal   y dejó en desamparo a los exdependientes.
 
Indignados y sin conmover al juez, los laboralistas consideraron, sin embargo, que la determinación abre camino a un proceso por prevaricato e incumplimiento de la Constitución o disposiciones contrarias a ella.

 Retirados hace ocho meses, los dos trabajadores recurrieron a la justicia para lograr que prevalezca su derecho al trabajo vulnerado por la empresa, según el Ministerio del sector, que desde octubre pasado le remitió diversas conminatorias para lograr su reincorporación. La última fue emitida el 16 de diciembre pasado, tras verificar lo injustificado del despido y las argucias desplegadas a fin de evitar ulteriores reclamos.

 El titular del juzgado dijo en audiencia abierta que la acción de amparo había sido interpuesta fuera del plazo de seis meses, no obstante que la Constitución Política del Estado establece que el mismo es computable, a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial (Art 129, II).

La primera opción habría vencido a comienzos de abril, posibilidad controvertida, como se verá adelante, una vez que la conminatoria inicial data del 5 de octubre pasado; pero la segunda no estaba superada y había plazo suficiente hasta el próximo 16 de junio incluso, dado que la última decisión administrativa, una resolución ministerial sobre un recurso jerárquico, fue emitida el 16 de diciembre de 2016.

Por qué el magistrado privilegió una, que al final favorece a la empresa y por qué desechó otra que daña a los trabajadores, es un misterio que no explicó pese al intento de queja que por la vía complementaria hizo la abogada laboralista en el último minuto de la audiencia, a la que asistieron, entre otros, dos abogados del Ministerio de Trabajo. 

Asimismo, esa instancia habría resultado afectada por el fallo al verse convertido en simple calculador de beneficios sociales, porque sus resoluciones no tendrían   carácter de cumplimiento, según evaluación preliminar del resultado compartida por la defensa con delegados de la Federación de la Prensa,   también presentes en la audiencia, en solidaridad con sus compañeros de gremio.

 Adicionalmente a la denegación por "extemporaneidad” y antes de remitir obrados en revisión al Tribunal Constitucional radicado en Sucre, el juez público VII de familia de la capital, constituido en juez de garantías, concluyó la audiencia "no ameritando analizar los demás argumentos” - dijo - en cierre abrupto que por circunstancias ajenas al fondo de la cuestión dejó sin amparo constitucional a los trabajadores y sin demostración judicial el presunto justificativo del retiro.

 "Se dice que hay varias maneras de mentir”, sentenció el escritor Juan Carlos Onetti hace largos años, "pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene”.

 Por lo visto, la Judicatura sigue privilegiando más la forma que el contenido o el fondo de los sucesos. Y hasta la erudición leguleyesca puede servir para manipular tiempos y leyes de manera que se diluyen las posibilidades de mejor justicia, y aproximación, al menos, a la   verdad.

Pues aun si se aceptara la validez del primer plazo preferido por el juez y se tomara en cuenta los tres días para hacer cumplir la primera conminatoria, el límite debió haber sido el 8 de abril pasado, coincidieron los abogados laboralistas. La demanda de amparo fue presentada el 7 de abril. 

Hasta el viernes pasado, los empleados despedidos siempre esperaron que se salve el recurso jerárquico para plantear el amparo; la CPE es clara, dice: o de notificada la última decisión administrativa, pero, según la defensa, el juez, anticipando "regalo” por el Día del Trabajo "ha obviado este aspecto” ¿Podrá la Central Obrera reclamar por el riesgo que supone el fallo, y la coordinación en los Órganos Ejecutivo y Judicial poner un alto a las violaciones de los derechos de los asalariados?

Rolando Carvajal es periodista.

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