Empleo de emergencia, ¿otra vez, 30 años después?

jueves, 18 de mayo de 2017 · 00:00
La buena noticia. De forma por demás sorpresiva, el presidente Morales ha reconocido que el modelo económico vigente no es capaz de crear el empleo digno y productivo necesario para eliminar la pobreza, y la desigualdad. Es decir, reconoce que la salud de la "economía para la gente” no se mide por la tasa de crecimiento, sino por la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo que es capaz de generar.

La mala noticia. Lo que  ofrece el "Programa Integral de Creación de Empleo Inmediato” sólo repite  las acciones promovidas por organismos multilaterales: financiamiento (microcrédito o capital semilla), proyectos de capacitación laboral y de  empleabilidad (inserción  laboral; mi primer empleo…), y volver a ocupar mano de obra poco calificada bajo el modelo que introdujo de forma pionera el Fondo Social de Emergencia en 1986 (empedrados, PLANE, proyectos productivos rurales…).

 Con más de 2.500 millones de dólares gastados hasta ahora en este tipo de acciones, sabemos que ninguna de ellas ataca las causas estructurales que impiden crear empleo digno, y no hay nada que nos haga suponer que los 346 millones de dólares ahora destinados para esos fines tendrán un resultado mejor al de los proyectos que les sirven de ejemplo y que, en el mejor de los casos, fueron "exitosos” proyectos piloto (para la foto) que nunca fueron sostenibles ni resolvieron el problema.

Durante 30 años, desde Inaset, insistimos en que los debates sobre empleo se diluyen discutiendo medios y no fines, los síntomas y no las causas; que crece la  trivialización  del tema; que se acentúa el uso de "empleo” como sinónimo de "ocupación”; y que, con el eufemismo de emprendedorismo tapamos el cuenta-propismo obligado, al que más del 50% de la fuerza laboral está forzada por la incapacidad estructural de nuestra economía para crear oportunidades laborales, dignamente remuneradas. El punto es que no hay soluciones "por decreto” porque las causas son estructurales, incluyendo al menos tres aspectos: superar el extractivismo; promover la agregación de valor y la creación de empleo; y atender la equitativa distribución del ingreso.

 La prioridad de la política económica sigue siendo "crecer”, explotando y exportando recursos naturales. Bajo el supuesto base del capitalismo (que el capital determina el crecimiento) la inversión se concentra  en sectores intensivos en capital  o en servicios poco generadores de empleo; pero  ocasiona distorsiones (tipo de cambio, enfermedad holandesa, etcétera) que afectan la ya limitada capacidad interna de agregar valor y de crear los puestos de trabajo necesarios. Además, como no hay una estrategia mínima de articulación y de complementariedad productiva, en el mejor de los casos se crean "industrias” aisladas, que el caso público tienen como único mandato el de generar excedentes ¡a costa de los ciudadanos que consumen los bienes o servicios!

 Nuestra distribución primaria del ingreso es una de las más inequitativas del mundo: mientras en las economías con mejor desarrollo la remuneración al trabajo supera el 60% del PIB, en Bolivia está por debajo del 28%. Lo sorprendente en nuestro caso es que el Estado es el principal factor de inequidad y distorsión en la distribución del ingreso por la pesada, y desigual carga tributaria, a lo que se suma la acumulación (pública y privada) de ahorro no productivo, las inversiones (y especulaciones) en sectores rentistas, como el inmobiliario (dentro y fuera del país), el fortalecimiento de tendencias e incentivos al comercio (formal e informal), el consumismo suntuario, ropa usada, etcétera, que generan utilidades para pocos, pero precariza el empleo para los más.

En síntesis:  las políticas públicas determinan los resultados.  Privilegiamos controlar la inflación antes que generar empleo; celebramos el cuenta-propismo forzado como una expresión de emprendedorismo, y a la profundización financiera que enriquece a los bancos como muestra de modernidad; ahogamos tributariamente a contribuyentes capaces de crear valor y empleo, para cumplir metas de recaudación; abrazamos el extractivismo para redistribuir excedentes; y aspiramos a diversificar la producción, pero fortalecemos el boliviano para abaratar importaciones…

 Si la pobreza y la desigualdad son resultados de las prioridades políticas, y si ahora  reconocemos que la cantidad y la calidad del empleo son los desafíos a enfrentar, es momento de abordar, en serio, el debate sobre crecimiento, empleo y distribución del ingreso. No desperdiciemos 346 millones de dólares (sólo se beneficiarán burócratas) porque son otras las formas –mejores y más eficientes– de promover el empleo digno.

Crear empleo en un marco de equidad e inclusión es la condición básica para el crecimiento sostenido de la economía. Pero "crecer” no es la meta, sino un resultado de  colocar el empleo digno como el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo, entendiendo que la fuente de la riqueza social es el esfuerzo humano, no los recursos naturales; y que las personas (hogares) deben ser los destinatarios directos y finales de los beneficios del crecimiento, no el Estado ni, menos, sólo los dueños del capital.

 En 1986 el empleo de emergencia fue un "puente entre la crisis y la reactivación”; hoy es absurdo repetir la receta de hace 30 años. Lo que corresponde es asumir, de una vez por todas, la responsabilidad –relegada a lo largo de una década de bonanza– de responder, correcta y finalmente, a la demanda social por empleo digno para todos.

Enrique Velazco  Reckling es Ph.D. 

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