La agricultura por contrato en Bolivia

lunes, 22 de mayo de 2017 · 00:00
La agricultura por contrato es una relación jurídica de prestaciones recíprocas, donde un comprador otorga a un agricultor los anticipos, insumos  y asistencia técnica necesarios  para asegurarse cultivos en la calidad y cantidad deseadas. Este mecanismo transaccional ha probado ser una herramienta útil para el desarrollo rural, porque  integra a los agricultores a los mercados, y les permite mejorar rendimientos en sus cultivos e ingresos. A su vez, es una forma menos invasiva de inversión que la adquisición de tierras, porque los agricultores mantienen la propiedad de la tierra como su principal capital de trabajo y la base de su identidad. 
 
Bajo un esquema exitoso, los productos agrícolas alcanzan los estándares requeridos para comercializar su producción en mercados internacionales a un precio sustancialmente más alto, con certificaciones como  fair trade, producto orgánico, o el cumplimiento de condiciones laborales justas.
 
Los contratos agrícolas (sean verbales o escritos) son usados por millones de pequeños y medianos agricultores en el mundo, quienes suelen organizarse en asociaciones cooperativas para tener mayor capacidad comercial. En el 2012, la ONU declaró el Año Internacional de las Cooperativas, señalando su importancia  como un medio esencial para mejorar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la creación de empleo y oportunidades. 
 
Si bien los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria y el nivel de vida de  los agricultores suelen centrarse en aspectos económicos, la agricultura por contrato permite concentrarse también en un componente jurídico. En tal sentido, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado-Unidroit  promulgó, junto a la IFAD y a la FAO, las directrices legales sobre agricultura por contrato (2015), que permiten mejorar las relaciones contractuales entre productores y agricultores. 
 
En la mayoría de los países, la agricultura por contrato no está regulada y en Bolivia, la única regulación específica se halla en el sector cañero, en el que los zaferos otorgan su producción a un ingenio, a través del denominado contrato de maquila, que les permite retener el derecho propietario de la caña durante todo su proceso de transformación, para acordar un precio de venta futuro en negociaciones colectivas (ley del Complejo Productivo de la Caña de Azúcar y Decreto Supremo reglamentario Nº 1554).
 
 La regulación en otros sectores podría ser beneficiosa, como en el sector lechero y soyero, donde existen muchos productores y pocos compradores, con potenciales vulneraciones a la equidad contractual y el derecho a la competencia.  A la vez, en el altiplano, donde la agricultura está dominada por asociaciones campesinas de pequeños y medianos productores indígenas,  las relaciones contractuales están inmersas en la complejidad de las diferencias culturales entre productores y compradores.
 
José Manuel Canelas Schütt
 

 


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