Independencia judicial en cuestión

miércoles, 3 de mayo de 2017 · 00:00
El 26 de enero de este año se ha promulgado la Ley 898 que crea una comisión interinstitucional encargada del seguimiento a la implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, integrada por los presidentes de las cámaras del Legislativo, representantes del Órgano Judicial y Ejecutivo, de la Fiscalía General y del Sistema Universitario Boliviano, bajo la presidencia del Ministro de Justicia.

Esta comisión se entendía necesaria para impulsar ciertas políticas públicas en las que los órganos de justicia requieren de cierta coordinación y cooperación de los otros poderes del Estado, como ser la aprobación de códigos y leyes desde el Legislativo, y la canalización de recursos económicos y asistencia técnica internacional para las reformas desde el Ejecutivo.

Sin embargo, como lo acaba de anunciar públicamente el Viceministro de Transparencia, en esta comisión, en la que los representantes del Judicial están en una clara minoría, se estaría definiendo no sólo las reformas que se implementarán en el sistema judicial, sino aspectos institucionales internos, como la elección y remoción de autoridades jurisdiccionales. El Viceministro ha informado: "La comisión se va a reunir esta semana, tenemos que llenar todas las acefalías en el Órgano Judicial, alrededor de 45 van a ser ya con designaciones y de esta manera evitamos la suplencia”. De ser así, esto significaría claramente una usurpación de funciones.

Al país le urge avanzar en la construcción de un sistema judicial transparente, basado en la probidad de sus miembros, pero este proceso debe darse dentro el marco constitucional de independencia y separación de poderes. Si existen malos funcionarios judiciales o la necesidad de nombrar nuevos jueces, lo que debe ponerse en marcha es el régimen disciplinario para un caso y el sistema de ingreso a la carrera judicial, para el otro. 

La Ley 898 confiere a esta comisión funciones indelegables de la Judicatura, como coordinar y fiscalizar el proceso de evaluación de las autoridades judiciales y fiscales, así como fiscalizar el ingreso a la carrera judicial y fiscal. Además, se dispone que "las entidades del sector justicia deberán adecuar sus instrumentos de planificación al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia”, lo que implica que los planes estratégicos institucionales de un órgano del Estado deberán someterse a los planes y políticas que ha definido el Ministerio de Justicia; afectando así las dos principales garantías constitucionales de la independencia judicial: 1) El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y 2) La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales (Art. 178).

Conforme a los estándares internacionales que amparan la independencia funcional de los órganos judiciales, además de los procedimientos para el nombramiento de los jueces y la cesación en sus funciones, así como de las condiciones que protegen la permanencia en el cargo, esta garantía comprende la independencia efectiva del Poder Judicial respecto de la injerencia política por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

 Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que toda situación en que las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no fueran claramente distinguibles o en la que este último pudiera controlar o dirigir al primero resulta incompatible con el concepto de un tribunal independiente. La Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial también ha expresado que si la instancia que dirige el gobierno judicial está compuesta por representantes políticos, siempre existirá el riesgo de que pueda convertirse en una entidad meramente formal o en una dependencia jurídica de referendo, en el cual el gobierno ejerza discrecional e indirectamente su influencia. 

 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que la independencia del Poder Judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada, tanto por el Ejecutivo como por Legislativo. Por lo que esta garantía, además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías.

 Por tanto, la CIDH ha recomendado en varios de sus informes la necesidad que los Estados propicien la creación de un órgano independiente encargado del gobierno y administración, incluyendo la selección y el nombramiento y el régimen disciplinario, para las entidades de justicia (Fiscalía, Defensoría y Poder judicial), el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como garantía de independencia respecto de estos poderes.

 Bajo este marco, el desafío actual es cómo fortalecer el gobierno y administración del sistema judicial a partir de los propios órganos judiciales, a fin de evitar interferencias externas de carácter político o de otra índole y garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia transparente, independiente e imparcial, que sea capaz de proporcionar tutela efectiva al goce de los derechos humanos.

Ramiro Orías A. es abogado, magister en estudios internacionales, especialista en reforma judicial.

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