Referendo, alternativa para resolver la discusión sobre el aborto

martes, 9 de mayo de 2017 · 00:00
Una de las bondades que trae consigo la Constitución boliviana, aprobada en la gestión 2009, indudablemente se vincula a la ampliación de la democracia.  En ese marco, el artículo 11 del texto constitucional prevé tres formas de ejercicio democrático, entre las cuales se encuentra la democracia directa y participativa, aplicable por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

Estos mecanismos dentro del nuevo modelo democrático que plantea la Norma Suprema vigente han sido constitucionalizados precisamente para beneficio del pueblo, permitiendo de tal manera su efectiva participación y legitimación sobre decisiones de trascendente importancia para el Estado en función a la voluntad del soberano. Al respecto, es imperante señalar que la discusión sobre el aborto y su regulación dentro del Código del Sistema Penal no es un tema menor, por lo que resultaría pertinente su resolución en el marco de la aplicación del nuevo modelo democrático vigente en nuestro país.

Esto permitiría que el debate para la aprobación de una norma de vital importancia -que trae consigo aristas esenciales para la transformación de la justicia en materia penal, contenidas en el nuevo Código, cuyo tratamiento ahora se encuentra en la Cámara de Diputados- no se circunscriba a una sola temática, que aunque reviste relevancia constituye un elemento más dentro de la propuesta normativa que plantea una serie de medidas de orden jurídico tendentes a reconfigurar el sistema en la materia  en beneficio de la ciudadanía.

Sobre el particular, vale la pena precisar que un posible referendo convocado a iniciativa ciudadana sobre la posible despenalización del aborto o la flexibilización de las condiciones para un aborto impune no afectaría derechos ni "sometería” los mismos a consulta del pueblo, como algunos representantes del Órgano Legislativo y del propio Defensor del Pueblo han manifestado erróneamente, ya que se trataría, en todo caso, de una decisión soberana del pueblo a través de un mecanismo constitucional, dentro del cual también se valoraría el derecho a la vida y a la existencia que tienen los seres humanos a partir de la concepción.

En América Latina se ha visto en las diversas formas de democracia directa una opción para mejorar la representación, incrementar la participación ciudadana en los procesos políticos y fortalecer su estabilidad.  Las consultas populares en esta región provienen de las autoridades constituidas o de la propia ciudadanía y tienen las más diversas modalidades, pudiendo ser obligatorias o facultativas. La mayor parte de éstas se refieren a asuntos constitucionales, legales y políticos. En esta lógica, grandes decisiones, como el tema que nos ocupa, bien pueden merecer su tratamiento por esta vía, si el pueblo así lo decide.  

Adicionalmente, los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales para mejorar la relación entre gobierno y sociedad o viceversa, ya que la participación ciudadana suele adoptar rostros distintos, dependiendo de las características específicas y de la cultura política de la sociedad. Bajo tal perspectiva ciertas políticas en materia de salud pública podrían implementarse, no como consecuencia de mociones parlamentarias, sino como resultado de la decisión del pueblo a través del voto popular, con efectos vinculantes para los legisladores sobre temas como el que hoy en día se encuentra en debate. 

Los más diversos mecanismos de democracia directa han sido propuestos en distintas regiones para otorgar una mayor participación ciudadana y formular decisiones vinculantes sobre temas sensibles para la ciudadanía. Dentro de los tópicos que se han discutido a través de referendos o consultas populares se encuentran particularmente aquellos de creciente interés vinculados a inquietudes que responden a valores o principios más permanentes que la simple contingencia legal o normativa. Temas frecuentemente asociados a los referendos son las políticas que consultan a los ciudadanos sobre la interrupción del embarazo. El caso uruguayo es un ejemplo concreto sobre esto.  Otro caso emblemático es la experiencia estadounidense de 1994, en Oregon, que fue el primer estado que legalizó la eutanasia a través de este mecanismo, con un 51% de aprobación. 

Asimismo, podríamos mencionar el caso de Irlanda, que en la actualidad analiza la posibilidad de llevar adelante un referendo en la gestión 2018, precisamente sobre la temática del aborto.  Así, este mecanismo, que emerge, en nuestro sistema, de la Constitución democrática y de la Ley del Régimen Electoral, podría ser una valiosa herramienta para profundizar la participación ciudadana, lo cual no debería generar ningún temor ni en gobernantes ni en gobernados.  

Héctor E. Arce Zaconeta es ministro de  Justicia y Transparencia.

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