¿Populismo punitivo?

lunes, 12 de junio de 2017 · 00:00
La propuesta del  vicepresidente Álvaro García Linera de endurecer las penas con cadena perpetua para los autores del delito de violación de niñas y niños parece seguir el nuevo lineamiento penal de tomar las decisiones de política criminal sobre la base de las demandas que nacen de la experiencia cotidiana, de la reacción de las víctimas, de las percepciones y de los sentimientos del pueblo; es decir, sobre la base de esa opinión pública.
 
 Esta política de control del delito dominada por una mentalidad punitiva no es nueva, tiene su origen en la década de los 80 y 90 del siglo XX en los países de economías desarrolladas. Ante el incremento de la criminalidad, se presenta la conversión de la víctima en un nuevo ícono de la política penal y en una novedosa forma de implicación de la comunidad en el diseño y ejecución de las políticas penales que ha significado un cambio definitivo con los modelos anteriores.
 
 La nueva política criminal es adoptada por gobiernos conservadores que juegan con los sentimientos de pánico y las ansiedades de sus ciudadanos para conseguir demandas de un mayor rigor contra la delincuencia, y así aumentar sus expectativas electorales; es decir, hay un concepto de manipulación con fines electorales, denominando este nuevo fenómeno "populismo punitivo” o "populismo penal”, por que los miedos y emociones de la opinión pública constituyen la fuente del nuevo conocimiento penal y de la ley penal, sin tomar en cuenta reflexivamente la opinión de los expertos.  
 
 Gobiernos de izquierda, que se supone deberían adoptar políticas de contenido progresista, están asumiendo discursos y esquemas ideológicos propios de sus adversarios conservadores, incluso de regímenes políticos autoritarios.
 
 Lo sospechoso de esta nueva tendencia de la política penal es que la revalorización del componente aflictivo de la pena es sólo frente a la delincuencia tradicional o callejera y no se dice nada de los delitos económicos que están relacionados fundamentalmente con la criminalidad del poder.
 
 Otro tema del nuevo discurso penal  es la seguridad ciudadana;  la cuestión ahora no es reprimir lo que causa los daños y, a través de ello, intentar prevenir futuras comisiones de nuevos daños (objetivos preventivo general y específico de la pena en la política penal tradicional), sino, que el objetivo prioritario de la actual política criminal es la búsqueda de la máxima seguridad, minimizando o neutralizando los factores y los contextos que provocan riesgos, fundamentalmente cuanto éstos provienen de determinados tipos de delincuentes (violentos y sexuales) que son los que en mayor medida alteran la seguridad ciudadana. De esta forma, la seguridad ciudadana se trata de configurar como un nuevo bien jurídico.     
 
 Dados los contextos de los nuevos escenarios, se plantea que las sociedades postindustriales están siendo gobernadas a través del delito, no están experimentando una crisis del delito y del castigo, sino una crisis del Gobierno que ha conducido a priorizar al delito y al castigo como los contextos principales para el ejercicio de los gobiernos.
 
David Altamirano Salas es ciudadano boliviano.

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