La comunidad campesina como modelo de eficiencia fiscal

miércoles, 12 de julio de 2017 · 00:00
Comunidad de Laqa-Laqa, sección provincial Sapahaqui, departamento de La Paz, septiembre de 1961: la comunidad se reúne para organizar trabajos a fin de reforzar el "reparo” -dique de contención del río en la cabecera del valle- a fin de que resista la fuerza de las aguas en la estación lluviosa y sus huertos de frutales y hortalizas no sean devastados.
 
Una comisión, integrada por el secretario general -cargo al que se llega por méritos y obligación y se renueva anualmente- y otros tres comunarios con experiencia en esto, ha hecho una inspección del estado del reparo e informa a la asamblea sobre los trabajos a realizar y los materiales que hay que obtener desde otros puntos de la comunidad, tales como troncos y ramas de eucalipto. Estiman que, para ejecutar la obra, se necesitará tumbar tres árboles y cinco días de trabajo de todos los jefes de familia.
 
En la asamblea se analiza este informe, se toma una decisión al respecto y se define cuántas "personas” -días de trabajo incluidas herramientas- debe aportar cada miembro, lo que se hace equitativamente: quien posee dos "sayañas” (parcelas) debe aportar el doble. Y quienes no puedan brindar su trabajo, deberán pagar en efectivo lo que costaría reemplazarlos. 
 
Ejecutada la obra, la asamblea evaluará su ejecución e irá programando y evaluando de manera similar otras, tales como el mantenimiento del sistema de riego, del camino, de la escuela, y gastos que no son obras, como los que implican la fiesta patronal anual y gestiones en la capital del departamento. Quienes hacen estas gestiones y/o realizan gastos a nombre de la comunidad deben rendir cuentas después, rigurosamente, a la asamblea.
 
En general, el no cumplimiento de lo acordado es objeto de sanción, en dinero generalmente, y fallas sucesivas a lo largo de un tiempo pueden ser sancionadas hasta con la expulsión de la comunidad.
 
Así se proveía de bienes públicos la población rural, en todo el país, antes de la Ley de Participación Popular (1994). Si ocasionalmente llegaba alguna ayuda del Estado -por ejemplo calamina para el techo de la escuela o ingenieros para reparar algún puente- era subsidiaria a la iniciativa y recursos de la comunidad.
 
Ciertamente las condiciones de vida en el campo mejoraron muy significativamente con dicha ley, pero en ella no se mantuvo la propuesta inicial de reconocer a las organizaciones territoriales de base como órganos de autogobierno cuando, desde el punto de vista económico, la manera como las comunidades se autoproveían de bienes públicos era óptima, pues se decidía qué obras y actividades realizar comparando cada una con el costo que implicaría, y lo decidido se ejecutaba con lo mínimo suficiente en trabajo, herramientas y materiales. En pocas palabras, se lograba una máxima satisfacción colectiva con el menor esfuerzo posible y, adicionalmente, el costo era equitativamente distribuido. De manera similar funcionan actualmente, en el campo y en la ciudad, múltiples organizaciones sociales.
 
La clave para que la provisión de bienes y servicios de uso colectivo sea eficiente es: 1) que dicha provisión se realice sobre la base de los aportes de los miembros de la respectiva comunidad, y 2) la participación igualitaria directa -o una adecuada representación- en la definición del gasto y los respectivos aportes, y en el control de la ejecución. Y no sería difícil rescatar esta cultura generada endógenamente para lograr que el funcionamiento de los gobiernos municipales y departamentales sea eficiente.
 
Para ello, en lo fiscal: 1) los gobiernos departamentales y municipales tienen que contar con impuestos adecuados (los segundos ya los tienen) y poder modificar fácilmente sus alícuotas; 2) cada autonomía debe monetizar e incluir en sus ingresos las "contribuciones especiales” realizadas en la forma descrita, e introducirlas en dinero donde no existan, y 3) las transferencias del gobierno central a cada gobierno subnacional, ser ecualizadoras: proporcionales a la respectiva suma de ambos por habitante, pero ponderadas según niveles de ingreso o de pobreza, y de carencias, a fin de que a igual aporte corresponda igual beneficio.
 
Y en lo político-administrativo: 1) en los legislativos subnacionales debe prevalecer la igualdad jurídica del ciudadano (pero mantener o introducir la representación territorial); 2) los planes tienen que ser elaborados -y controlada su ejecución- con participación igualitaria, y 3) deben hacerse efectivos rigurosos sistemas de contratación y rendición de cuentas, y sanciones.
 
Al hacer que todo gasto subnacional dependa de aportes directos definidos democráticamente, los ciudadanos serían los más interesados en que los recursos se gasten bien.
 
Desde  el punto  de vista económico, la manera como las comunidades se autoproveían de bienes públicos era óptima.
  
Iván Finot, MSc en economía, experto internacional.

 

 


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