La cuestión en debate

Costos electricidad: vieja carga sobre el excedente nacional y el esfuerzo de los trabajadores

sábado, 15 de julio de 2017 · 00:00
Juan Carlos Guzmán
 
Con sujeción a sus competencias específicas, la Autoridad de Fiscalización y Control de Electricidad (AE) ha autorizado a las empresas distribuidoras un incremento del 3% en las tarifas a los usuarios finales. Las explicaciones de las autoridades no han logrado aclarar las razones del alza, salvo que ésta ocurre cada año y que está ligada a la sostenibilidad de las empresas.

 Que las tarifas se incrementen o disminuyan no debiera sorprendernos; la actualización de su valor responde a una serie de factores económicos, técnicos y de política pública. Tampoco es una novedad que las empresas e instituciones bajo cuya responsabilidad está el desempeño del sector carguen dicho incremento sobre los usuarios finales, incluso si las razones que justifican el incremento se atribuyen a deficiencias en el manejo del sector. 

 Y no se trata sólo del monto del incremento, sino que quienes lo van a pagar merecen una clara explicación de las razones por las que esto pasa y tengan la plena seguridad de que las cosas están manejadas con la excelencia que el caso requiere. Los usuarios necesitan saber que la autoridad responsable de la regulación sigue cumpliendo su función primigenia: la defensa de los consumidores y que no ha subordinado su gestión a los intereses empresariales, aun cuando éstos sean de las empresas estatales. 

 Debemos, en primer lugar, revisar la magnitud del impacto de este incremento en el sector residencial por tres razones: es el principal consumidor de electricidad del sistema, agrupa a la mayor cantidad de usuarios y deberá no sólo pagar el costo directo de la medida, sino todos los costos derivados de la misma. 

 Veamos. El consumo medio en el sector residencial -a diciembre de 2015- fue de 116 kWh/mes por usuario, que a una tarifa de 0,63 Bs/kWh suponía un gasto mensual por usuario del orden de 74 bolivianos. Para un consumidor medio, el incremento tarifario representará una erogación adicional de 2,21 Bs/mes. En el caso de los usuarios de menor consumo y que se benefician de la Tarifa Dignidad, el incremento neto no superará 1 Bs/mes. Este es el costo directo que los usuarios de la categoría residencial deberán pagar mensualmente, al que debe sumarse el incremento en los precios de los bienes y servicios que los comerciantes e industriales realizarán como efecto de la medida y que les serán transferidos desde el mismo día de su anuncio. 

 La cuestión no termina en que el incremento sea de 1 o 2 Bs/mes por cada usuario. El hecho es que en un mercado en el que se comercializan alrededor de 7.000 GWh/año de electricidad, por un valor del orden de 640 millones de dólares, un incremento del 3% representa un monto cercano a 20 millones de dólares, que serán recaudados por las empresas y pagados por todos los consumidores, incluidas las industrias y los comercios. Como se ve, no es un tema menor y los consumidores debieran ser adecuadamente informados de cuál será el destino de este monto que –aunque individualmente parezca pequeño- es fruto de su trabajo. 

 Debiéramos suponer que el dinero recaudado estará destinado a incrementar los ingresos de las empresas para cubrir mayores costos operativos; es decir, mayor demanda de gas natural por unidad de electricidad generada; incrementos de sueldos y salarios; incrementos de las utilidades, etcétera. Todo esto en el ámbito de la especulación, pues, como se anticipaba, las explicaciones de las autoridades son insuficientes y los usuarios no tienen acceso a un detalle de los costos de las empresas.

 La preocupación va en aumento cuando las mismas autoridades dicen que serán las empresas las responsables de establecer las cuotas de incremento entre los diferentes sectores de consumidores, renunciando a su rol de gestor público y desnudando las debilidades de la política pública en el sector. Creemos que el tema es mucho más complejo que la sola distribución de las cuotas de incremento, la discusión se traslada al campo de la política pública.

 Los usuarios del sistema tienen el derecho -y la obligación- de saber que el precio del gas natural para la generación de electricidad está congelado en 1,30 dólares el millar de pies cúbicos desde hace unos 20 años, y que bajo este mecanismo el Estado renuncia a una renta que el combustible hubiese ganado en el mercado de exportación. 

 Dado que más del 80% de la energía primaria que ingresa a las centrales de generación está constituida por gas natural, muchos especialistas afirman, con buen criterio, que la electricidad en Bolivia está subsidiada. Y si hay subsidios de por medio, el rol de los gestores de la política pública es simplemente inexcusable, pues los subsidios se reflejarán en las tarifas y en la eficiencia del sistema. 

 En efecto, la tarifa media del sistema a finales de 2015 y en valores constantes del dólar americano de 2005 tenía un valor de 7,7 centavos de dólar por kilovatio-hora ($us/kWh), similar al de 1992. Había alcanzado un valor mínimo de 6,1 $us/kWh allá por el año 2006 y, desde entonces, la tendencia ha sido ascendente hasta llegar al valor mencionado de 7,7 centavos. Ahora bien, si obviamos la pérdida del valor del dólar americano, la tarifa media en el mismo periodo habría subido desde 5,5 $us/kWh, en 1992, hasta 9,3 $us/kWh en 2015. Sin embargo, esta evolución que se muestra en la figura adjunta es sólo de la tarifa media del sistema. Si se observa la evolución de las tarifas en algunos sectores que componen el sistema podremos advertir que la gestión del sector requiere la atención de las autoridades en muchos aspectos. 

 Para empezar, antes de la reforma liberal de 1994 la tarifa del sector residencial era mucho más baja que la tarifa media del sistema y era compensada por el alto valor de las tarifas del sector comercial y del sector minero. ¿Con qué finalidad y bajo qué definiciones de política pública se buscó, allá por el año 2005, que la tarifa del sector residencial se iguale a la tarifa media?

 Por otra parte, la tarifa de la minería de ser la más alta (12,6 $uskWh) pasó a convertirse en la más baja del sistema (5,7  $us/kWh) en el lapso de dos años, allá por los años 90, situación que, según la información oficial, se mantuvo vigente al menos hasta fines del 2015.

 También se puede observar que la tarifa del sector comercial/general se mantiene como la más alta del sistema y en esta situación se encuentra lo mismo  un banco o un hotel, que a una escuela o un hospital. 

 Entonces la pregunta es la siguiente: ¿a quién o a quiénes debiera beneficiar el subsidio a la electricidad? Pues no es lo mismo subsidiar la electricidad a un hospital, una escuela, un centro de acogida de adultos mayores o un orfelinato, que a una entidad privada o estatal orientada a la generación de retornos al capital, sea ésta un banco, una transnacional que exporta minerales, una industria transnacional, o una empresa pública, cuyas rentas monopólicas estarán destinadas, en primera instancia, a pagar los costos de reproducción de la clase dirigente. 

 Debe anotarse, también, que el precio congelado del gas natural ha propiciado la masiva inversión, antes privada y ahora estatal, en equipos de generación de electricidad a gas natural, cuya eficiencia siempre será baja. Producto de ello, la eficiencia del sistema de generación boliviano es la más baja de la región sudamericana; es decir, estamos quemando el gas y la renta a la que el Estado renunció al congelar su precio de la manera más ineficiente. 

 Pero no sólo eso, como resultado de la baja eficiencia en los sistemas de generación, los consumidores no sólo debemos pagar por la electricidad que utilizamos, sino también por todas las pérdidas del sistema, que en 23 años de vigencia de la Ley de Electricidad sólo se incrementaron.

 En este contexto, la interrogante que se plantea ya es obvia: ¿va a continuar el Estado subsidiando la electricidad, por ejemplo, para las operaciones mineras al mismo tiempo que traslada los costos de las enormes pérdidas de energía del sistema sobre todos los consumidores?

 Son éstas y muchas más las razones por las que la ciudadanía está preocupada. Espera mayor información, transparencia y un rol efectivo de las autoridades en la política pública de un sector que está gritando por reformas hace muchísimo tiempo.

Juan Carlos Guzmán es investigador asociado al Cedla en el sector energético.

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