Crónica de una sentencia-política anunciada

lunes, 3 de julio de 2017 · 00:00
La injusta e ilegal sentencia penal emitida el 21 de junio pasado por el Juzgado de Pozo Almonte en el caso de los nueve servidores públicos bolivianos es la consumación de una sentencia-política anunciada. Pero, al mismo tiempo, es la prueba de una victoria internacional del Estado boliviano frente al intento fallido de penalizar a un Estado soberano por otras razones.   

Parafraseando al gran escritor Gabriel García Márquez, lo sucedido del 19 de marzo al 21 de junio no fue sino "la crónica de una sentencia-política anunciada”. Sentencia-política que como toda incongruencia  encierra dos ideas totalmente irreconciliables; es decir, estamos ante una sentencia aparentemente revestida de derecho pero que fue definida, construida y dictada por un grupúsculo xenófobo y revanchista enquistado en el Gobierno de Chile, que con gran maestría en ventriloquia usó a su sistema judicial para bajos fines políticos. Lo que es evidente por tres hechos incuestionables. 

En primer lugar, a pocas horas de ocurrido el incidente fronterizo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sentenció pública y sumariamente a los nueve servidores del Estado boliviano señalando que ellos estaban: "Cometiendo delitos, se habían robado uno, querían robarse nueve camiones con productos”.  Pisoteando los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y marcando así el camino a seguir a los sistemas policial, fiscal y judicial, que desde aquel mismo instante trabajaron disciplinada y ciegamente en dar la razón a la primera investidura de Chile. 

Por otra parte, dada la presión internacional generada por Bolivia ante esta arbitrariedad, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, no tuvo otro remedio que afirmar hasta el cansancio que en Chile rige la "independencia de poderes”. Muletilla vacua que cayó a pedazos cuando en mayo esta misma autoridad señaló que: "He sido informado que la Fiscalía y la defensa llegaron a un principio de acuerdo para posponer la audiencia del día 25 y buscar un procedimiento abreviado en el marco jurídico nacional”. Afirmación que  puso al desnudo que la Fiscalía chilena reportaba disciplinadamente al Canciller  sobre los acercamientos reservados que nadie más conocía. 

Finalmente, no debe olvidarse que a horas de la audiencia sobre el amparo constitucional presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Chile en abril para liberar a los nueve servidores del Estado, el agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman,  tuvo una sesión con los magistrados de aquella Corte para informarles sobre la "preparación de la Dúplica” ante La Haya.
 
Situación totalmente atípica, inoportuna y a toda luz influyente, que llevó en último término a la Corte Suprema de Chile a rechazar el amparo.  Rechazo que fue rápida y curiosamente anunciado a través de la cuenta de Twitter de otro "órgano independiente” de Chile; es decir, la Fiscalía de Tarapacá. Misma que por otro tuit de 21 de junio señaló que "logra condena” de los nueve servidores de Bolivia. Para su tristeza, lo que realmente logró es no ser tendencia, recibiendo muy pocas adhesiones.

 En razón de este escenario de arbitrariedades y ausencia de independencia, de actos de negación de visas a la defensa técnica de los nueve, de censura y restricciones a la prensa boliviana, de actos discriminatorios contra los familiares de los procesados y de la manifiesta instrumentalización política del órgano judicial de Chile para intentar en último término amedrentar a un Estado soberano; la actual liberación de nuestros nueve compatriotas no podía haber sido mejor descrita por el presidente Morales sino como una nueva victoria ante el Gobierno de Chile. 

Al respecto, se debe resaltar que el equipo diplomático y legal de Bolivia trabajó en una campaña internacional intensa y efectiva, por la que el caso de los nueve quedó visibilizado internacionalmente, y fue firmemente defendido en foros regionales con hechos fácticos. Lo que a la postre convirtió el caso en una "papa caliente” para el Gobierno de Chile, que de no ser por nuestro contundente respaldo internacional,  quizás hubiera convertido la injusta condena de hoy, en 15  o más años de presidio. Intentando de esta manera, Chile, tomar prisionero no a nueve funcionarios del Estado, sino al pueblo boliviano. Sin duda, ello no fue logrado fracasando Chile una vez más. 

Empero, desafortunadamente, este incidente, más allá de las rencillas,  ha materializado una serie de violaciones al derecho internacional que han generado una nueva controversia entre Bolivia y Chile. Misma que en honor a la verdad, la justicia y la restauración de la paz entre dos pueblos hermanos, no puede quedar irresuelta.

Es por ello que al ser Bolivia un Estado amante de la paz, buscaremos por todos los medios pacíficos de solución de controversias superar este capítulo negro de nuestras relaciones, pero con la indeclinable convicción de establecer soluciones estructurales a los retos conjuntos que ambas naciones debemos enfrentar.  

Héctor Arce Zaconeta es ministro de Justicia.

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