La lógica matemática

viernes, 19 de enero de 2018 · 00:05

Una de las materias más temidas en mis épocas de estudiante era la de la lógica formal. Los rigores de esa disciplina eran, en efecto, como para asustar aún a los más aventajados. El vicepresidente del Estado Plurinacional, licenciado en matemáticas, según versa en su carnet de identidad, ha debido seguramente tener un curso de lógica. Las matemáticas son lógicas por esencia. 


Parece empero que con la edad y las delicias del poder se ha olvidado lo que aprendió en sus años de universidad. No se entiende lógicamente su argumentación de que no hay contradicción entre el resultado del 21F y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. El resultado del 21F estaría vigente y no lo estaría al mismo tiempo. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, decía Cantinflas. 


La argumentación de que los derechos humanos codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos de San José tienen primacía es correcta, pero los magistrados del saliente Tribunal Constitucional Plurinacional las han leído mal (no son los únicos que han mostrado tener problemas de comprensión de lectura), como lo que han hecho notar distinguidos expertos legales, que yo no lo soy. No vale la pena repetir, una vez más,  sus válidos argumentos. 


Por otra parte, la aplicación de lo acordado internacionalmente en derechos humanos no puede ser tan selectiva. Hay mucho de cherry picking; es decir, se escogen las cerezas del pastel, dejando el resto de lado, como dicen los americanos, en la invocación que hace el Gobierno de los derechos humanos. 


Por ejemplo,  las cartas mencionadas prohíben la retroactividad. “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable” (Artículo 9 de la Convención de San José, que reitera lo estipulado en el  artículo 11, párrafo 2  de la Declaración Universal de Derechos Humanos).  Sin embargo, de esta prohibición se sigue procesando penalmente a los contrincantes políticos  por supuestos delitos no definidos previamente.


Se sigue aplicando disposiciones punitivas basadas en la Constitución  de  2009 a autores de decisiones de política económica del año 1993.  Sea dicho de paso, esas  decisiones fueron correctas en el contexto de la época.


Aconsejaría, a los que se hacen agua la boca con el respeto a los derechos humanos solamente para justificar la inconstitucional reelección, leer el libro de Harold Olmos Labrado en la Memoria. Este excelente libro está documentado exhaustivamente. Algunos de los capítulos son espeluznantes al desnudar cómo opera la justicia en nuestro país y cómo interfiere el poder político en el llamado juicio del siglo, con sus fiscales y sus abogados querellantes, cuyos roles se invierten con el paso del tiempo y el cambio en las preferencias de las autoridades.  Claro que pedir que lean las más de 700 páginas del libro es mucho pedir. ¿Una vez más, dónde están los derechos humanos?


El apoyo que han tenido los médicos y otros clasemedieros en su corajuda oposición al Código Penal, no es tal vez tanto por el cuerpo legal en sí mismo, sino por la enorme desconfianza que tiene la población en la justicia. Querer involucrar a los médicos en un juicio penal, por un doliente que no se resigna ante la naturaleza, era de   poner los pelos de punta a cualquiera, tanto más que a fiscales y jueces parece producirles particular placer enviar gente a la cárcel –por años- con argumentos sacados de los cabellos. Es así que más del 70% de los reclusos están con detención preventiva.

¿Dónde están sus derechos humanos? 


Una vez que un ciudadano entra en las garras de la justicia, lo más probable es que salga despedazado (si sale). Los castigos son crueles aún si no hay pena de muerte.  Al ejemplo de lo que ocurre con los acusados en el juicio del siglo se puede añadir la persecución que hicieron jueces, fiscales y aún médicos del IDIF  a un ciudadano por encima de toda sospecha, como José María Bakovic, o el tratamiento inhumano a Leopoldo Fernández. Hay muchos casos más.

Juan Antonio Morales es ciudadano boliviano y opinador consuetudinario.

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