El Tejo

Pos La Haya

lunes, 8 de octubre de 2018 · 00:12

Soy parte de los ciudadanos, hombres y mujeres, que seguimos con entusiasmo y optimismo el cambio de estrategia marítima adoptado en 2013 y el proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por tanto, soy parte de los ciudadanos que ha recibido con profundo pesar el fallo de este tribunal, pero no soy parte de aquellos que equiparan éste con la derrota de la Guerra del Pacífico o la firma del Tratado de Paz de 1904 suscrito con Chile. Más bien, consecuente con lo que han señalado muchas personalidades del país desde el pasado, estoy seguro de que seguiremos bregando por recuperar, de alguna manera, una salida al océano Pacífico.

También soy parte de los ciudadanos que sufrimos profunda vergüenza por la forma nada digna, más bien prepotente y ofensiva, en que ha reaccionado ante el fallo toda la cúpula del oficialismo, desde el Presidente del Estado hacia abajo, así como por la declaratoria de “hijo ilustre” hecha por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y porque un alcalde del MAS se arrodilló ante el Primer Mandatario llamándolo “genio”, sin que nadie de quienes los rodeaban impidiera tal acto de indignidad.

Sin duda, la decisión de los jueces de la CIJ es un duro revés al país y habrá que esperar que calmen las aguas para reflexionar sobre los argumentos que respaldan sus conclusiones; esto servirá para el futuro pues permitirá establecer cuáles fueron nuestros aciertos y errores, cómo fue el funcionamiento de un equipo tan diverso, como el formado por el Primer Mandatario para dirigir el proceso, y sentar algunas bases para elaborar la estrategia que deberemos diseñar para insistir en satisfacer nuestra demanda de salir al mar.

Lo anterior no significa que no haya responsables de este fracaso y el primero, como él mismo lo ha señalado, es el Presidente del Estado, y esta responsabilidad tiene consecuencias. La más inmediata e importante es que ahora el presidente Evo Morales no sólo que está inhabilitado constitucionalmente para volver a postular en las elecciones generales de 2019, sino que está también inhabilitado política y moralmente.

Por un lado, ha dejado de ser un interlocutor válido internacionalmente por la falta de tino y respeto en sus declaraciones, y provocaciones innecesarias; por el otro, por el tono triunfalista y frívolo con que ha desorientado a la gente, y también porque ha fracasado lo que se podría llamar la “doctrina Morales-Arce” de la justicia, que consiste en la convicción de que ante los tribunales de justicia no sirven los argumentos que defienden las partes, sino la coerción y la prebenda (un ejemplo paradigmático de esa forma de actuar es la sentencia constitucional sobre la inconstitucional reelección de los primeros mandatarios), convicción que, además, permite a la parte afectada a no respetar los fallos (doctrina que ha llevado al Órgano Judicial a la peor crisis de su historia y al nivel profesional más bajo inimaginable, peor, incluso, que durante las peores dictaduras).

Sin embargo, es posible presumir que la corte de áulicos que rodea al Primer Mandatario, que saben que después de enero de 2020 dejarán de vivir del Estado, tratarán de convencerlo de que mantenga su decisión de postular a una nueva reelección, sabiendo, incluso, que de esa manera pueden conducir al país al caos y la confrontación.

Se puede colegir, en consecuencia, que la decisión que adopte el Primer Mandatario al respecto será clave para evaluar con mayor rigor el proceso que hemos vivido en relación a nuestra demanda marítima. Es decir, debiera convencerse de que su permanencia inconstitucional en el ejercicio del gobierno más allá del 2020 sólo abonaría la polarización y la búsqueda de culpables; en cambio, si desestima una inconstitucional nueva postulación, abriría las puertas para una reflexión con visión de futuro.

Así, la forma en que ha terminado la nueva estrategia que se adoptó en 2013 para recuperar una salida al mar exige diseñar nuevas propuestas, pero esa tarea pasa necesariamente por recuperar la institucionalidad democrática.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista

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