Con la boca abierta

Bonos y Bonos, ni tan buenos

domingo, 23 de diciembre de 2018 · 00:03

No debe ser fácil para  Carlos Mesa elegir entre las mentiras que forman parte de la campaña oficialista para atacarlo. Hace poco, con la insidia de la agencia ABI, tuvo que explicar la diferencia entre rentismo y renta, ( Economía 1)  y a reafirmar que “los bonos son transferencias condicionadas de gran impacto social” cuyo único problema sería  la sostenibilidad financiera. Concuerdo con que ABI miente, pero por lo mismo no vale la pena dar por serias sus falsedades.

La continuidad de los bonos y su forma de financiamiento deben formar parte de una propuesta de política social integral donde las transferencias deben ser evaluadas en función de los riesgos de la población a la que se dirigen, la  sostenibilidad técnica y financiera pero sobre todo de su contribución a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Las transferencias condicionadas reivindicadas por Mesa son  la niña de los ojos de algunos organismos financieros como el Banco Mundial y el BID que el gobierno de Morales ha replicado sin sonrojarse a pesar de su retórica antineoliberal.

La Renta Dignidad es  la continuación del Bonosol implementado por el neoliberal Sánchez de Lozada,  mantenida por el MAS y que debe continuarse. Habría  sido un despropósito eliminarlo pues sirve  a una población desprotegida, y tiene un  enfoque universal imprescindible en este  ámbito. Se trata de un bono no condicionado y más cercano al espíritu ciudadano que postula Mesa.

Los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, por el contrario, son los típicos bonos condicionados de espíritu neoliberal, aplicados por  los socialistas del siglo XXI, como transferencias a “cambio de algo”. Nada más lejano a un enfoque de derechos ya que, el supuesto detrás de ellos es que los receptores pobres  deben mostrar algún merecimiento o esfuerzo  para recibirlo. El supuesto que subyace a la entrega supone que la gente es pobre porque es floja.  Esa condicionalidad no se hace cargo del hecho que por ejemplo la educación sigue segmentada y los receptores del Juancito Pinto ya padecen una educación de mala calidad mientras que los hijos de las élites, incluida la masista, no necesitan el bono porque se pueden pagar la educación privada. Hay evidencia amplia acerca del beneficio  del bono educativo sobre la retención escolar, pero es mayor la evidencia sobre la pésima calidad de la educación que ha convertido a las escuelas y universidades en guarderías subvencionadas por el Estado. Este bono sirve para ocultar el fracaso educativo.

Respecto a Juana Azurduy me permito poner en duda su eficacia ya que basta con mirar cómo Bolivia sigue entre los países con mayor mortalidad materna de la región. Ésta se duplica pasando  de 362 a 650 por cien mil nacidos vivos entre mujeres indígenas.

Las condicionalidades contrarían el enfoque de derechos reconocido en la constitución y  no debieran depender de cumplimiento de ninguna condición la que puede generar una distinción poco afortunada entre pobres “merecedores” o “no merecedores” de asistencia.

La discusión provocada por la mala fe de ABI ha puesto el foco en una estrategia de las políticas sociales y ha obviado el debate sobre la propuesta programática que debe plantear el camino hacia la universalidad y hacia la igualdad tan venida a menos durante este y otros gobiernos.

Alguien dirá que estas transferencias al ser entregadas a las mujeres favorece su empoderamiento económico, lo que  podría aceptarse si, tal como lo muestran  estudios realizados  en otros países, para cumplir las condicionalidades ellas deben hacer uso de su ya escaso tiempo  lo que las limita para buscar empleo, capacitarse o simplemente descansar. Se sabe que las mujeres tienen menos tiempo que los hombres para éste y otros menesteres. Es más, durante la última década, la pobreza de las mujeres se ha incrementado y casi un tercio de ellas en edad de trabajar no tiene ingresos propios.

La agenda de protección  social es mucho más que mantener bonos  y pasa por repensar las políticas de empleo, educación y salud, desde un enfoque de derechos e igualdad.

Sonia Montaño es socióloga

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