Lava Jato para rato

viernes, 13 de abril de 2018 · 00:05

Lo sucedido en Brasil con los escándalos del Lava Jato ha puesto de nuevo en el tapete el tema de los contratos estatales. Hace algunos años yo había escrito un artículo con el mismo tema (Página Siete 31/08/2014), que creo sigue teniendo pertinencia. 


Los lobbies de las empresas constructoras y de otros proveedores del Estado son efectivamente muy poderosos y tratan de ejercer el máximo de influencia para adjudicarse los contratos. Infelizmente, muchas veces recurren a malas artes. En inglés tienen la expresión kick back, que viene del fútbol americano, es decir el contratista devuelve una pelota a las autoridades responsables del contrato. En el pasado, había ministros del país (y de otros países) que tenían el apodo de Señor 10%, es decir su kick back era de 10% de las obras contratadas. Los más cínicos dirán que 10% es ahora poco.


El problema de la corrupción en las obras públicas y en otras compras estatales no es sólo de los países en desarrollo, lo que obviamente no es una justificación. En 1961 el presidente Eisenhower de Estados Unidos se quejaba del complejo “militar-industrial” que hacía gastar muchas veces en armas inútiles y con altos precios. En los años ochenta hubo el escándalo de los asientos de inodoro, adquiridos para el Ejército con considerable sobreprecio. Cada defecación de soldado, para emplear el término médico y no el popular, le  costaba una fortuna al fisco americano.


Un campo de investigación importante de los economistas académicos es el de la teoría de las subastas. La  teoría de subastas está muy  emparentada con las teorías de juegos y de la información.

Se apunta a tomar la mejor decisión posible para el bienestar colectivo en las adquisiciones, y particularmente, en las licitaciones de trabajos públicos. Pocos países empero y pocas instituciones financieras internacionales emplean estas enseñanzas de la teoría económica, tal vez porque las encuentran demasiado teóricas o por otras razones, en las que es mejor no pensar.


La adjudicación de obras públicas pone a las autoridades del área económica en disyuntivas difíciles.

Tienen que arbitrar entre estudios de factibilidad y licitaciones con todas las de la ley, que llevan demasiado tiempo, o iniciar las obras con premura, sin licitación, corriendo el riesgo de que estén mal hechas o hayan sido entregadas a empresas poco escrupulosas. Ambas decisiones tienen costos pero es justamente la teoría de subastas la que podría venir en su ayuda.


En la última reunión de los G20 en Buenos Aires se ha discutido nuevas formas de financiamiento de la infraestructura física, que tendrían por finalidad tanto la diversificación de fuentes, con una mayor participación del sector privado, lo que ya está en curso en varios países de la región, y tal vez más importante, mejorar la gobernanza de las inversiones públicas. Al país le debe interesar conocer los alcances de esas discusiones. 


Siempre he creído que en el país los mayores derroches, para no hablar de corrupción, se producen en las inversiones públicas. Por supuesto, hay también derroche en el gasto corriente, pero éste palidece frente a lo que pasa con los megaproyectos de inversión, en los que los dineros que se emplean son mucho más grandes. El desperdicio no está solamente en los sobreprecios sino también en la calidad y en las demoras excesivas para entregar las obras. 


No puede ser que Misicuni haya tardado 17 años y que todavía no esté funcionando como debía hacerlo. Tampoco puede ser que tengamos aeropuertos y carreteras casi sin tráfico o techos que se caen a la primera lluvia torrencial. Tampoco convence a la opinión pública que Bulo Bulo, antes de entrar en producción, entre en mantenimiento. Los casos de la CAMC, de Corsán, de la OAS y de otros contratistas se han quedado en el limbo.


Hay pues dificultades mayores para sostener un crecimiento de la economía de calidad, con las meras inversiones públicas. Ahora que estamos con déficits fiscales tan altos, hay que prestarle atención más que nunca a la calidad de los proyectos de inversión donde el Estado está poniendo su platita. 

Juan Antonio Morales es docente de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.

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