La extraña aritmética de Quiborax

viernes, 6 de julio de 2018 · 00:10

Una inversión, que bajo la más benigna de las hipótesis de tres millones de dólares, que al cabo de 14 años da lugar a una compensación de 46,2 millones, nos tiene por lo menos que hacer levantar las cejas. Para emplear los conceptos del arsenal de los economistas, la tasa interna de retorno anual de esa operación ha sido de un altísimo casi 21%, lo que lleva a la conclusión de que mejor que producir es provocar al Gobierno para que se nacionalice el emprendimiento y luego hacerle juicio (o arbitraje) apostando a que sus abogados y auditores van a chambonear.

Se ha escrito superabundantemente sobre los aspectos legales que dieron lugar al laudo desfavorable y no vale la pena redundar en ellos. Lo que no se sabe todavía es cómo se ha llegado a la suma de 42,6 millones, aún empleando el muy poco preciso y discutible concepto de lucro cesante. Probablemente es cierto lo que afirma el procurador Menacho de que en el CIADI había un ambiente desfavorable (en sus palabras en Página Siete del 1/7/2018, “en los arbitrajes es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 3-0 porque ya toda esa carga negativa está en la mente de los árbitros”).  

Es muy posible que un efecto no intencional e inesperado de las nacionalizaciones del gobierno del MAS fue el de afectar nuestra reputación en instancias como la del CIADI. 

Por su parte, sorprende que el CIADI haya arriesgado su reputación determinando una compensación que va mucho más allá de lo que razonablemente se podía esperar de una modesta inversión, además de una empresa de dudosa calificación como extranjera. Penalizar desmesuradamente una decisión soberana de un país pobre debía quitarles el sueño a los árbitros del CIADI. Claro que ahora dicen en el gobierno que ya no somos pobres. Sea dicho de paso, salirse del CIADI no disminuye nuestra vulnerabilidad y puede más bien agravarla.  

Lo sucedido tan desafortunadamente con Quiborax tiene por lo menos dos lecciones. La primera es la de que hay que tener mucho cuidado con las implicaciones conexas de las nacionalizaciones. Ellas nos crean un mal ambiente, no sólo con los inversionistas, extranjeros o nacionales, sino también en las instancias de arbitraje y de justicia de los países industrializados. Las nacionalizaciones tienen que estar bien meditadas y no efectuadas atropelladamente como en los primeros años del gobierno del MAS.

El Gobierno boliviano ya ha pagado  851.3 millones de dólares  por compensaciones a los propietarios de las empresas que ha nacionalizado. Tiene además una contingencia de 1.100 millones de dólares por otros reclamos, que esperemos de manera optimista no se materializará.

Si las empresas por las que se ha pagado esos 851.3 millones de dólares no valen esa suma a precios de mercado, se habrá hecho un pésimo negocio con esa modalidad de adquisición indirecta de empresas, que en la jerga revolucionaria se llama nacionalización.

La segunda lección de Quiborax es la de que hay que tener cuidado con los juicios penales. El juicio penal iniciado a un accionista de Quiborax cerró la posibilidad de una negociación amigable. Peor todavía, de acuerdo con las declaraciones de las autoridades, el juicio penal fue percibido  en el CIADI como un acto intimidatorio, lo que nos desfavoreció. Si cabía el juicio, que creo que era el caso, había que sopesar la oportunidad de hacerlo. 

En todos los países un juicio penal es un tema de gran gravedad, que se inicia bajo condiciones bien precisas. La banalización en nuestro país de los juicios penales tiene severas consecuencias, que no siempre aparecen en lo inmediato. Tienen además secuelas internacionales, que no pueden ignorarse. Lo estamos viendo con el caso de Quiborax.

Tratar de iniciar un juicio penal a Carlos Mesa no tiene mucho sentido cuando las responsabilidades parecen estar en otra parte. Sería más útil para el país que ministros y procuradores dejen de jugar a la ruleta de los juicios penales y que, más bien, hagan el ejercicio de estimar las consecuencias monetarias de sus decisiones. La aritmética también sirve.

 

Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.

 

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