Evo debió expropiar, no “nacionalizar ”... ¡Juicio!

jueves, 16 de agosto de 2018 · 00:09

Este último tiempo, con motivo del escandaloso caso Quiborax, mucho se ha venido hablando sobre “nacionalizaciones” sin tener la más peregrina idea de lo que implican e ignorando que, técnicamente, carecen de efecto jurídico.

El régimen de Evo Morales creyó haber “recuperado” o “nacionalizado los recursos naturales” por medio del Decreto Supremo 28701 de 2006. Pero la realidad jurídica es otra, ya que los recursos naturales siempre fueron del Estado boliviano. La Constitución Política del Estado (CPE) de 1967, con reformas establecía en el Art. 136 de suCapítulo II (Bienes Nacionales), dice que “son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les daesa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicassusceptibles de aprovechamiento.” Por tanto, con su ficta “nacionalización” Evo Morales NO “le devolvió” al Estado boliviano algo que, jurídicamente, siempre tuvo bajo su propiedad o dominio.

Ahora bien, el asunto es que por su poco razonada “nacionalización” (aconsejada por esos mismos quienes no defendieron los intereses de Bolivia frente a Quiborax), Evo Morales se hizo merecedor de un juicio de responsabilidades por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros. Ya que el régimen de Morales debió expropiar mediante ley y no “nacionalizar (humo)” por decreto, atentando contra el principio de legalidad.

Para empezar, “nacionalizar” NO constituye acto jurídico alguno;no es una institución jurídica dentro de nuestra tradición que pueda desencadenar una consecuencia de derecho. La CPE de 1967 hacía vaga referencia al término cuando mencionaba que “pertenecían al patrimonio de la nación los grupos mineros nacionalizados”. Empero, semenciona dicho término como mero discurso politicastro, sin contenido jurídico alguno.

Por el contrario, la expropiación sí es una institución jurídica existente en casi todos los sistemas jurídicos mundiales, que también estaba instituida en el Art. 22. II de la CPE de 1967 con reformas vigente en aquél momento. En efecto, la expropiación es la “única” excepción a la absolutez y perpetuidad del derecho real de propiedad, y, la misma, tiene los siguientes requisitos:

Sólo lo hace quien ejerce potestad (administración pública); sólo se hace por razones de utilidad o necesidad pública “justificadas”; la declaratoria de utilidad o necesidad pública debe ser expedida y justificada en una ley preexistente al acto expropiatorio (ex ante facto); la administración pública no adquiere, ni toma posesión, “si además de todo lo anterior, no hubiere pagado previamente el justo precio”.

No obstante, Evo Morales “le metió nomas” por decreto una “chuta” nacionalización, según vimos, sin efecto jurídico alguno. Cuando la CPE de 1967 le ordenaba operar una expropiación a las transnacionales petroleras, mediante ley, de sus participaciones accionarias, sus activos en general (pagándoles el “justiprecio” y deduciendo efectivamente pasivos y contingentes), su producción de hidrocarburos, y cualquier otro aspecto expropiable –tangible o intangible– que permite la amplitud de tal institución jurídica.

Finalmente, no es que cuestionamos la intención de la medida. Sino, al igual que ocurrió con el gobierno de Mesa, observamos la falta de prolijidad jurídica con la que Evo operó la “nacionalización”, habiendo estado obligado a expropiar mediante ley. Y declaramos que no podemos soslayar tal hecho ilícito, “regocijándonos” sólo por los millonarios ingresos que representa la ficta “nacionalización” para el país hace 12 años.

Y así como el Vicepresidente García (ignorando terminología jurídica) dijo que enjuician a Carlos Mesa “porque en lugar de haber ‘anulado’ la concesión prefirió ir a la revocatoria”, ¡nosotros exigimos procesar a Evo Morales por haber “nacionalizado” fictamente lo que debía expropiar, tal como mandaba la CPE!

Franz Rafael Barrios González es investigador de asuntos jurídicos.

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