La credibilidad

jueves, 16 de agosto de 2018 · 00:10

Es bien conocido y estudiado por los economistas que la efectividad de la política económica depende de su credibilidad. Los anuncios de política económica para tener impacto tienen que ser creíbles.

En los últimos tiempos el Gobierno ha efectuado anuncios que han sembrado dudas más que credibilidad. Ha cometido dos gruesos errores. El primero tiene que ver con la politización de los datos de crecimiento del PIB. El haber atado una decisión que es eminentemente política a la tasa de crecimiento ha creado un halo de duda sobre las cuentas nacionales y le ha hecho un flaco favor al Instituto Nacional de Estadística. Las explicaciones del Ministro y los funcionarios del MEFP acerca de la bondad de los datos no llegan a despejar las dudas del público.

Esto es lamentable, porque el país necesita datos donde agarrarse. Durante el reinado de los Kirchner en Argentina corría el chiste en Buenos Aires de que la mejor manera que había encontrado el gobierno para controlar la inflación era cambiar el director del INDEC ( el equivalente de nuestro INE) cada vez que los datos que sacaba no le gustaban. En el país se ha cambiado al director del INE cuando los datos de crecimiento no le gustaban al ministro del área. Esto pone gran presión a una entidad técnica que no debiera mostrar resquebrajadura alguna. Reconstruir la credibilidad del INE va a tomar muchos años.

El segundo error es el de querer hacernos creer que no hay vida después del gobierno del MAS y que la Agenda 2025 es nuestra tabla de salvación. No se toma en cuenta que el secreto del éxito de los planes de desarrollo está en que movilizan a las energías productivas de un país. Tal fue el caso de los planes quinquenales de Corea, que por lo consistentes eran creíbles. Es dudoso que la Agenda 2025 sea idónea. Tal como está formulada, no es sino un catálogo de algunas (no todas) buenas intenciones y no nos dice qué medios se va a arbitrar para lograr las metas propuestas. La movilización será tanto más difícil cuanto menor la legitimidad de un gobierno que se haría elegir contra viento y marea, y con gran oposición de los ciudadanos de las urbes.

El vicepresidente AGL debía haber asistido al seminario de la Cámara de Industrias del 9 de agosto para ver cuán ordenada y consistente ha sido la política económica en Perú y cuán inteligente el manejo de incentivos de Uruguay. A esos dos países les ha ido muy bien, con políticas que están en las antípodas de nuestro modelo económico.

Las exposiciones del exministro peruano Alonso Segura y del exministro uruguayo Fernando Lorenzo fueron remarcables por la contundencia de sus argumentos. Nuestro compatriota René Sergio Pereira efectuó también la excelente presentación de un esquema de reformas de política para un crecimiento económico de calidad, que pudiera ser una base para una alternativa a la Agenda 2025.

Perú tiene, en un horizonte de mediano plazo, tan buenos o mejores indicadores de crecimiento del PIB que los nuestros, logrados, además, es importante subrayarlo, manteniendo déficit bajos, tanto fiscal, como en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. La independencia del Banco Central y una política cambiaria de flotación administrada están entre las explicaciones del milagro peruano.

Las reducciones de la pobreza son también impresionantes. Se ha de subrayar que el desarrollo y el crecimiento han estado asentados en el sector privado, y que el Estado se ha limitado a contribuir con infraestructura física y con inversiones en capital humano.

El desarrollo económico uruguayo es también interesante, aunque con medidas más intervencionistas que en Perú. Se apoya en gran parte en incentivos tributarios para las empresas privadas y en una política muy vigorosa de formación de recursos humanos, y de apoyo a la investigación y al desarrollo. El Gobierno uruguayo ha tenido también un manejo idóneo de las zonas francas, que ha atraído las empresas productivas y de servicios de alta tecnología.

Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.

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