Bolivia y el Consenso de Montevideo

lunes, 20 de agosto de 2018 · 00:10

El Consenso de Montevideo, emergente de la Primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo, llevada a cabo en Montevideo en 2013, es un acuerdo intergubernamental sobre derechos humanos, el más progresista de los últimos cinco años, que marcó un hito importante en Latinoamérica y el Caribe al reconocer los derechos sexuales y derechos reproductivos como los más humanos de los derechos, para que sean tomados en cuenta como medidas prioritarias dentro de las agendas públicas de los Estados. Del 7 al 9 de agosto, en Lima, los Estados y la sociedad civil analizaron justamente los avances en la implementación del Consenso.

En 2017, 19 instituciones de la sociedad civil, como parte de la articulación Alerta Montevideo Bolivia, llevaron adelante un trabajo serio e intenso de monitoreo social a la implementación del Consenso. El informe destaca importantes avances legislativos en el país, posicionando a Bolivia entre los países por encima de la media, por la aprobación y vigencia de leyes y programas relacionados al ejercicio de los derechos, no por su aplicación.

Pero hay asignaturas pendientes que ameritan una respuesta inmediata desde todos los niveles de gobierno, como contar con una política pública de educación integral para la sexualidad, que no sólo pasa por la necesidad de tener la currícula escolar sobre el tema, sino que significa contar con una herramienta efectiva para prevenir embarazos adolescentes y casos de VIH, entre otros.

Otro desafío es lograr que el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales asignen presupuestos suficientes para planes, programas y proyectos referidos a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y para el tratamiento de las personas que viven con VIH, así como para acciones de prevención. Se requiere además profundizar en el conocimiento sobre el principio de laicidad en Bolivia, para incorporarlo dentro de políticas públicas de educación y salud, sobre todo.

Diseñar una batería de indicadores en materia de derechos humanos, generando de manera periódica reportes estadísticos sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, ya que el Estado boliviano no cuenta con mecanismos destinados a hacer seguimiento sobre los avances e implementación de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Así también hacen falta acciones estatales para superar las barreras de tipo político, social y cultural en cuanto al acceso a la interrupción legal del embarazo.

Toca entonces mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos en el país, traduciendo los compromisos del papel al plano de las acciones de Estado, por lo que el Consenso de Montevideo -junto con la Agenda 2030- brinda la oportunidad ideal para hacer del diseño de políticas públicas una práctica participativa considerando a la ciudadanía como sujetos de derechos.

Tania Nava Burgoa es directora de Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia.

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