La cuestión en debate

La Ley 906 y el conflicto cocalero

sábado, 15 de septiembre de 2018 · 00:10

Parte de la semana anterior y de ésta que concluye fueron escenario de la movilización de los productores de coca de los Yungas paceños, sobre todo de los de la Asunta. Los conflictos sociales suelen responder a causas estructurales, por un lado, y coyunturales, por otro, tal como sucede con las movilizaciones que nos ocupan. En este documento analizaremos sus determinantes estructurales.

La Ley General de la Coca, N° 906, promulgada el 8 de marzo de 2017, entre otros temas, introdujo dos cambios sustanciales en las regulaciones del sector: prácticamente legalizó toda la producción existente ese momento en el trópico cochabambino e introdujo sensibles restricciones a los cultivos de los Yungas de La Paz. La ley elevó la superficie autorizada para cultivos de coca de 12.000 hectáreas (has), permitidas por la derogada Ley 1008, a 22.000 has, asignándole a los Yungas de La Paz hasta un máximo de 14.300 has y al trópico cochabambino un tope de 7.700 has.

Conocida la nueva distribución, saltó impetuosa la interrogante de cuántas hectáreas existían en esos días en las mencionadas zonas productoras. La respuesta se deduce de los datos (ver cuadro) construidos con información oficiales de la UNODC, aceptados por el Gobierno.

Según las cifras, en 2016 (gestión anterior a la vigencia de la Ley 906) en los Yungas paceños se registraron 15.700 has, mientras que en el trópico cochabambino existían ya las 7.700 has. La intención y el efecto inmediato de la nueva ley eran evidentes: legalizar la producción existente de las seis federaciones de cocaleros dirigidas por don Evo Morales y, al mismo tiempo, poner al margen de la ley 1.400 has (15.700 existentes menos 14.300 autorizadas), pese a reconocer a la zona como área de producción originaria y ancestral. La semilla del actual conflicto había sido sembrada.

Empero, los efectos de la Ley 906 no se quedaron en el trato diferenciado a unos y otros agricultores, sino que, pese al corto tiempo de vigencia, muestra ya nocivos efectos en el ámbito de la producción global de la hoja de coca y en el de la oferta potencial de droga a la que da lugar. Para apreciar mejor los impactos en estos campos es conveniente expandir el horizonte de visibilidad, prestando atención a los quinquenios anteriores a la nueva norma.

La superficie cultivada con coca en los Yungas entre 2016 y 2017, antes y después de la Ley 906, pasó de 15.700 a 15.900 has, con una tasa de crecimiento del 1,3%; en tanto que en el trópico cochabambino los terrenos cultivados llegaron a 8.400 has, sabiendo que el año anterior sumaban 7.700 labradas; vale decir 1.400 adicionales que representan un 9% de crecimiento. Tal parece que, en efecto, la presión de la interdicción se centró, o se dejó sentir más, en los Yungas.

La lectura del largo plazo es aún peor para los agricultores de La Paz, dado que entre 2005 y 2017 soportaron una reducción de 2.200 hectáreas, igual a -12%; mientras que sus “hermanos” cochabambinos se beneficiaron con la adición de 1.400 has. O, lo que es lo mismo, 20% más que en 2005. De manera que, a la luz de estas cifras, no se puede sino convenir que algo de razón, al menos, les asiste a los cocaleros de La Paz.

La mayor expansión de cultivos de coca en Cochabamba, como es natural, terminó invirtiendo el peso específico de la producción de la hoja en las dos regiones en sorda pugna. Veamos: la tabla dedicada a recoger la cosecha revela que, en 2005, de los Yungas paceños provenía el 56,2% del total de hoja de coca producida en el país (por encima de 22.000 TM) y un poco menos del 43% de Cochabamba, que aportó 16.800 TM, proporción nítidamente invertida en 2017, cuando la cosecha del trópico cochabambino pasó de las 20.200 toneladas, cerca del 51% de la “hoja sagrada”. Sólo que muy poco le queda de “sagrada” puesto que, como todos sabemos, alrededor del 92% de esta producción circula en los mercados ilegales, convirtiéndose en hoja perversa.

Estas modificaciones en la estructura territorial de la producción de hoja de coca, naturalmente, fueron evolucionando a lo largo del período de tiempo estudiado (2005 a 2017), conforme se desprende de los datos del cuadro; cambios institucionalizados por la Ley General de la Coca, abonando así el terreno para los impactos en la producción nacional de cocaína.

El cálculo en este rubro parte del concepto de “hoja de coca disponible para droga”, que no es sino el resultado de restar de la producción bruta la demanda agregada (informada por el Gobierno) y las incautaciones de hoja de coca. A las cantidades anuales así identificadas, se les aplicó el factor de conversión de 315 kilos de hoja de coca para un kilo de cocaína, obteniéndose la “producción potencial de droga” y, un paso posterior, las cantidades de “droga para comercialización” fabricadas en el país, previa sustracción de las “incautaciones de droga”.

Los resultados obtenidos son preocupantes, por decirlo menos: con la Ley General de la Coca de por medio, la cantidad de cocaína fabricada en el país, en 2017, parece haber retomado el nivel del año 2005, gestión en la que las fábricas bolivianas probablemente hicieron circular algo más de 27 toneladas de cocaína, a la par de 2017, cuando las entregas estuvieron por encima de las 26 TM. Este es el resultado real de los últimos 13 años de gobierno.

No puede cerrarse el análisis sin introducir dos alertas: primera, en los cálculos se atribuye el total de las incautaciones de droga a la producción nacional, lo que no es del todo cierto, dado que parte de las capturas afectó a droga proveniente de Perú y quizás Colombia, como lo muestran los datos de 2015, cuando los decomisos fueron superiores a la producción potencial boliviana.

Segunda alerta, de manera diferente a los cálculos realizados por nosotros, el Informe de la UNODC de 2005 incluye la estimación de que ese año la producción potencial de droga pudo haber llegado a las 90 TM, bajo el supuesto de una producción bruta total de 49.000 TM de hoja de coca. El informe de 2017 no contiene una estimación de correlato, no obstante, siguiendo un razonamiento parecido, con una producción bruta de 38.000 TM de hoja de coca, la elaboración de cocaína podría haber alcanzado las 70 TM. De ser ciertas las proyecciones de la UNODC, el estado de situación sería bastante más grave.

En suma, visto el conflicto cocalero desde el plano estructural, puede concluirse que son resortes fuertes los que lo impulsan, plantados además por el propio Gobierno. La doble condición del señor Evo Morales, presidente del Órgano Ejecutivo y presidente de las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, dificultan enormemente la solución del conflicto.

Para concluir, no podemos sino dejar dicho que este estudio debe completarse con la valoración de los factores coyunturales del conflicto, los que, lamentablemente, por las restricciones del espacio periodístico no podemos abordar.

Carlos Böhrt I. es abogado.

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