Rolando Morales Anaya

Matonaje político

viernes, 11 de octubre de 2019 · 00:09

Según la RAE, matonaje o matonismo es la “conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror”. La palabra matón tiene una larga historia en la política boliviana.

En épocas de los liberales y republicanos en el siglo pasado, podían votar sólo los varones mayores de edad, alfabetizados y con un cierto nivel de fortuna, pero los oligarcas de la época traían gente de las provincias que no sabían leer ni escribir a ocupar las plazas principales donde se realizaban las elecciones y los hacían votar por el candidato de su elección, infringiendo la ley. Era un fraude que violaba el libre albedrío de las personas trasladadas del campo. No solamente eso. Además contrataban matones entre la chusma, los colocaban en cada una de las cuatro esquinas de las plazas con la instrucción de aplicar la fuerza bruta y la violencia contra los que quisieran oponerse a sus planes.

Con la Revolución Nacional de 1952, se decretó el voto universal. Continuó la práctica de traslado de gente de un lado a otro pero posiblemente los movilizados eran gente que compartía los principios políticos de la Revolución. La ley estipulaba que debía haber boletas de los colores de todos los partidos políticos en los recintos eleccionarios, pero en la mayor parte de ellos sólo había del color del partido de gobierno. Funcionaba el Control Político,  que era un organismo de matonaje y amedrentamiento de los opositores. En las elecciones, el partido de gobierno ganaba con una abrumante mayoría resultante de votos legítimos y del fraude.

Durante la dictadura de Banzer la represión y matonaje políticos fueron el pan de cada día. Los funcionarios públicos eran espiados y controlados por los jefes de personal que dependían directamente del Ministerio del Interior.

Al terminar la dictadura de Banzer, hubo el fraude electoral en el que ganó el general Juan Pereda. Fue tan grosero, que las elecciones tuvieron que anularse. Al poco tiempo Pereda dio un golpe de Estado pero no pudo quedarse en el Gobierno por más de tres meses. 

En el siglo XXI, algunas de estas prácticas políticas siguen vigentes aunque en modalidades diferentes. Ya no se usa la violencia física contra los opositores pero se apela al poder judicial para amedrentarlos. Por las noticias que llegan  de Beni y Pando, se presume que el traslado de electores de un lugar a otro sigue vigente. No se prohíbe el ingreso de los opositores a las plazas (aunque a veces todavía ocurre eso) pero se les inhibe hacer campaña en regiones donde otro partido tiene presuntamente mayoría. No se viola el libre albedrío de los analfabetos, pero se intenta hacerlo con los empleados públicos que constituyen actualmente la población cautiva. Bajo la amenaza de multas y despidos, se obliga a los empleados públicos a asistir masivamente a marchas y concentraciones no solamente para apoyar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pero también para apuntalar a los candidatos a senadores y diputados uninominales y plurinacionales, muchos de ellos desconocidos o desprestigiados. Se los hace marchar durante muchas horas bajo el sol y se los obliga a trasladarse a otras ciudades asumiendo todos los gastos. Se viola su dignidad haciéndolos portar banderas e insignias de posiciones políticas que no comparten. Se los obliga a asistir a estos actos sábados y domingos y todos los otros días en los que  se requiere mostrar su presencia, a veces desde muy tempranas horas. Se los obliga también a hacer vigilias en lugares públicos durante muchas noches glaciales. 

Hoy en día, en pleno siglo XXI, es difícil creer que alguien se impresione viendo caminar a algún candidato con un grupo de empleados públicos y que vote por el partido que los obliga. Con frecuencia, los marchistas no ocultan su cansancio y disgusto incluso si tienen que posar sonriendo para hacerse una selfie que será enviada a su puesto de trabajo. Es posible que esos actos tengan un efecto contrario al esperado.

El sector público tiene unos 400 mil servidores, ¿cuántos de ellos votarán por los que no respetan sus derechos humanos, cívicos y políticos?

 

Rolando Morales Anaya es economista.

Confidencial

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