Carmen Crespo Fernández

¿Es necesario un gasolinazo en Bolivia?

viernes, 18 de octubre de 2019 · 00:12

Ecuador vivió  momentos de tensión política debido a la decisión del presidente Lenín Moreno de subir el precio de los combustibles líquidos al consumidor final, en un promedio de 60%. El Ministro de Finanzas anunció que la supresión de los subsidios significaría un ahorro anual de 1400 millones de dólares al fisco.  El presidente Moreno refirió que el subsidio era de 0,37 dólares/galón de gasolina y de 1,07 dólares/galón de diésel. ¿Será posible en Bolivia conocer el subsidio existente en los precios de los combustibles líquidos con esa precisión? 

Existe un subsidio universal a los consumidores de combustibles líquidos por el diferencial entre el precio internacional del crudo y el determinado en el decreto 27691 del año 2004, que lo fija en  27,11 dólares/barril, que se arrastra en toda la cadena de precios. Una segunda fuente de distorsiones son los precios y tarifas en la cadena, por ejemplo los derivados de las tarifas estampilla de transporte de hidrocarburos por ductos (que implican un subsidio de las locaciones más cercanas a los centros de producción hacia las más lejanas); o la fijación de márgenes de refinación que hoy son uniformes para todos los productos.

 No existen referencias sobre los valores reales que deberían tener las tarifas de transporte por ductos ni el margen de refinación ni los otros componentes de la cadena de precios porque las aprobaciones de precios y tarifas que la normativa establece no se han hecho desde hace más de 12 años. Es decir, la labor de regulación económica del sector está abandonada o, para ser justos, nunca fue iniciada.

En ese contexto, (subsidio general y subsidios cruzados) es imposible conocer el subsidio real que recibe un consumidor porque no existe información. Peor aún, los precios se construyen a través de transacciones de compra venta entre operadores (al menos cinco hasta llegar al consumidor final). Hoy día tenemos operando en el sector a un monopolio público verticalmente integrado y las transacciones de compra venta se mantienen entre subsidiarias de YPFB, con los efectos tributarios que esto conlleva, de impuestos en cadena, principalmente el IT y otros, como el IEHD.

Los precios finales de los hidrocarburos, que están fijos hace más de nueve años, incentivan el derroche en el consumo y, lo que es mucho peor, el contrabando a los países vecinos. Hoy el sector tiene un déficit comercial: las importaciones de combustibles superan a los ingresos por exportaciones de gas. Además, el costo fiscal del subsidio se torna cada vez más difícil de soportar con un déficit fiscal mayor a 8% del PIB. 

Ya Evo Morales intentó aplicar un “gasolinazo” el año 2010 y retrocedió cuatro días después por las protestas. El Presidente ha insistido en su incomodidad con el subsidio, el año 2012 habló de un “incremento gradual” de precios, en agosto de 2014 lo calificó de “cáncer para el país”. La pregunta es ¿cómo abordar el tema de los subsidios a los combustibles en un contexto de déficit fiscal creciente? 

Es imprescindible ordenar la cadena de precios del sector, modificar los mecanismos de determinación de precios y tarifas al interior de la cadena, y repensar la carga tributaria. La casa matriz de YPFB puede contratar los servicios de sus subsidiarias a precios y costos reales, y trasladar todo componente del subsidio al precio final. 

Todo esto se puede hacer manteniendo los precios al consumidor final, así sabremos el tamaño exacto de los subsidios. Después, se puede decidir qué segmento de consumidores recibirá subsidio y cuál no. 

Pero la medida más importante debería ser la sustitución de combustibles líquidos por electricidad, aprovechando que ya existe un margen de reserva en el sector eléctrico superior al 100%, y que es posible generar con energías renovables. La sustitución del parque automotor por uno eléctrico, debería ser una medida inmediata. Aunque parezca un contrasentido, la enorme capacidad ociosa de generación de electricidad constituye una oportunidad para Bolivia de solucionar el problema de forma sostenible, definitiva y positiva. 

Carmen Crespo Fernández es economista especializada en energía y medioambiente.

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