Iván Camarlinghi

Evo y el derecho al asilo diplomático

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 00:10

Hace pocos días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concedió asilo diplomático al expresidente de Bolivia  Evo Morales Ayma (EMA), basado en la Convención de Caracas para el Asilo que establece los términos para otorgar el mencionado beneficio a un ciudadano de una de las partes firmantes de la mencionada Convención suscrita en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El argumento principal de México en aceptar el asilo solicitado por Morales es por “razones humanitarias”, ya que presuntamente la vida del exmandatario “corría peligro”. Que sepamos en Bolivia, en ningún momento estuvo en riesgo la integridad de Morales, como la estuvo la de miles de bolivianos desguarnecidos a su suerte ante las turbas masistas enviadas por el jefe de Estado. En todo momento que el expresidente se encontraba en Bolivia estuvo  bien resguardado por sus cocaleros en la localidad de Lauca Ñ y posteriormente en Chimoré, su principal sede de producción y comercialización de la hoja de coca, base para la producción de la cocaína.

La Convención de Caracas de 1958 es bien clara cuando dispone los requisitos y exigencias solicitadas por el Estado otorgante del asilo y aunque establece la posibilidad de otorgarlo cuando la persona o sus bienes sean perseguidos por grupos o personas que amenacen su vida o su integridad personal, en Bolivia nada de ello ocurrió. Que sepamos, tampoco en ningún momento los grupos de oposición que paralizaron Bolivia durante 21 días en protesta ante un gigantesco fraude estaban persiguiendo a Morales para dañarlo.

Al respecto, en México existe la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político que dice lo siguiente: “Se trata de una protección que el Estado de México otorga a un extranjero que es perseguido por motivos o delitos de carácter político o por delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática”.

En otras palabras, la legislación mexicana sobre asilo diplomático hace que México justifique su otorgamiento si un extranjero (Evo Morales) es perseguido por delitos comunes que tengan conexión con motivos políticos. México puede otorgar asilo a personas que cometan delitos comunes como en el caso que nos ocupa, aunque tenga conexión con “motivos políticos”. México puede dar asilo a delincuentes comunes, aunque sea por motivos políticos:  una gran contradicción.

Estamos totalmente seguros de  que el otorgamiento del asilo al exmandatario fue por razones político-ideológicas por afinidad de los postulados de Evo con las del Presidente mexicano. Es decir que no es un asilo diplomático tradicional y en los términos de la Convención, sino basados en la simpatía y afinidad política entre AMLO y EMA.

Quiero traer a colación la circunstancia del finado senador Roger Pinto, al que el gobierno de Morales perseguía por presuntos delitos comunes, aunque su único delito fue denunciar la vinculación de la producción de cocaína con altos funcionarios del gobierno del MAS. Pinto en un acto desesperado y de protección de su vida y libertad (ahí sí se aplica) ingresó a la Embajada de Brasil en La Paz y solicitó asilo diplomático. Pasó casi un año en que el Gobierno le negó a Pinto el salvoconducto correspondiente pese a la aceptación del asilo por parte de Brasil.

Solamente la valentía de un diplomático de Brasil hizo posible que pudiera escapar de su encierro con la ayuda de policías brasileños adscritos a su embajada en una fuga de película desde La Paz hasta la frontera con Brasil a más de 1.000 kilómetros por carretera. Aunque Pinto falleció varios años más tarde en un confuso y poco esclarecido accidente de aviación, su ejemplo sirve de comparación entre lo que Evo le hizo al senador opositor y el desparpajo con el que ahora se aprovecha del asilo diplomático para seguir conspirando y llamando al enfrentamiento entre bolivianos, de cuyas consecuencias es el único responsable. 

México parece olvidar que cuando se otorga asilo diplomático a un extranjero, el extranjero debe conservar ciertas formas y evitar declaraciones políticas. El artículo XVIII de la Convención de Asilo Diplomático dice que el Gobierno asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial (Bolivia);  por ello la Presidenta Áñez ha hecho muy bien en reclamar a México por dicha trasgresión a las estipulaciones de la Convención.

No sabemos qué pasará con Evo y su asilo en México porque le queda muy bien el papel de víctima de un supuesto golpe de Estado que sólo existió en su mente. Evo quiere volver a Bolivia como Chávez regresó al Palacio de Miraflores en Caracas en abril de 2002 cuando un grupo de militares patriotas venezolanos intentaron acabar con el régimen dictatorial del exteniente coronel llanero.

Parece que la jugada de las renuncias para dar la sensación de que había un vacío de poder en Bolivia fue un tiro por la culata porque ahora todos los renunciantes no quieren dejar sus cargos pero ya  nadie quiere que vuelvan a los mismos. 

Ardua tarea le toca a la presidenta Jeanine Áñez porque tendrá que afrontar en muy poco tiempo a las hordas del MAS que se niegan a reconocerla, a la crisis social y política de Bolivia y a la necesidad de organizar elecciones generales transparentes y creíbles.

Sólo su sagacidad y la de sus ministros nos podrán llevar a un proceso eleccionario cristalino y decisivo para el futuro de la democracia boliviana. Mientras tanto, disfrutemos de esta primavera democrática andino-amazónica.

Iván Camarlinghi es diplomático y periodista.

 

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