Editorial

Falta reflexión sobre la Ley de Garantías

jueves, 12 de diciembre de 2019 · 00:15

El gobierno y el MAS están bailando un complicado vals en el que los dos prometen hacerlo  lo mejor posible, pero no dejan de darse pisotones. Dos asuntos están interrelacionados de manera inmediata y son la elección de los seis miembros del nuevo TSE y la aprobación de la denominada Ley de Garantías. Ambas deben ser aprobadas por el Legislativo, en el que el MAS tiene dos tercios de votos. El partido de Evo Morales, en realidad, podría elegir a los futuros vocales como quisiera, sin buscar ningún consenso. Pero ha aceptado hacerlo, intentando elegir a los mejores hombres y mujeres para esos cargos. O sea que el MAS está actuando con una madurez que antes no mostraba.

Por otra parte, ese partido aprobó, en la Cámara de Diputados, el mencionado proyecto de Ley de Garantías, que supuestamente lo que busca es darle inmunidad a Evo Morales y Álvaro García Linera, además de la entrega indiscriminada de salvoconductos a quienes están asilados en la Embajada de México. Pero una lectura desapasionada del proyecto de ley descarta aquello. Una facción radical del gobierno se opone a esa ley sin darse cuenta lo que está en juego, nada menos que la designación de vocales, y ha arrastrado a ello a la presidenta Jeanine Añez.

La mencionada ley no crea nuevos derechos y solamente recuerda derechos preexistentes. Dice su artículo 1: “la presente ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales: civiles, políticos y de libre expresión contenidos en la Constitución Política del Estado, tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a favor de líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de los pueblos indígena originario campesinos”, etc.

Luego afirma, en el artículo 10: “las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, dirigentes vecinales, dirigentes de los pueblos indígena originario campesino (…) y su entorno familiar cercano serán protegidas por los órganos del Estado, el Ministerio Público, la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas”. El gobierno ve en este artículo una supuesta inmunidad (o impunidad) para Evo Morales y Álvaro García Linera. Pues no, no la hay. Y no es malo que el Ministerio Público, la Policía y las FFAA protejan a los diferentes sectores de la sociedad.

Sobre la inmunidad presidencial, el proyecto de ley pide que se respete lo que señala el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, que ofrece fueros a los expresidentes por los hechos sucedidos cuando estaban en funciones. Lo que haya podido hacer Morales tras su renuncia ya no está protegido por ese artículo de la Constitución, y por lo tanto de la ley mencionada.

En el tema de los salvoconductos, se aclara que “en la aplicación de los tratados internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia”, las autoridades competentes deberán tramitarlos “con urgencia”. Precisamente la “aplicación de los tratados internacionales” establece que quienes tengan acusaciones penales y órdenes de apremio no pueden ser asilados. A esos casos específicos, que son cinco según el gobierno, no se les entregará el salvoconducto.

Luego, el texto exige que se entreguen indemnizaciones (cosa que el gobierno hizo mediante DS) a las familias de quienes murieron en los hechos violentos de octubre y noviembre y presenta otras argumentaciones sobre la necesidad de que sean protegidos los derechos humanos y de libre expresión de los bolivianos. Nada más.

El gobierno ha actuado sin la necesaria reflexión en este asunto. Tal vez podría negociar y quitar una palabra aquí o allá en el texto de la ley y dejar que el MAS se dé el gusto de tener una (pequeña) victoria política después de que cediera notoriamente y aprobara la ley que convoca a elecciones y facilitara la pacificación del país. Si pretenden las autoridades que siempre vencerán y que es posible gobernar sin ceder, están equivocadas. Peor aún con un Congreso en el que tiene minoría. De hecho, será interesante ver si la negativa del oficialismo en promulgar la ley (todavía debe ser aprobada en el Senado) no hace fracasar la delicada negociación para la designación de vocales electorales.
 

 

 

61
111

Otras Noticias